El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ratificó esta semana en Marbella el compromiso adquirido por el Gobierno para dotar de nuevos instrumentos jurídicos que permitan que la ciudad recupere el patrimonio que le fue saqueado durante los años del gilismo. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno y que afronta ahora su tramitación parlamentaria incluye un artículo que permite que las multas que cobre el Estado a raíz de sentencias dictadas sobre casos de corrupción en Marbella repercutan en la ciudad. Según establece este artículo, ese dinero podrá regresar de dos maneras posibles. Una, aplicándose a la reducción de la deuda que el Ayuntamiento todavía mantiene con Hacienda y con la Seguridad Social por los 15 años de impagos durante la época del GIL. Dos, mediante la financiación, por parte de Hacienda, de proyectos de utilidad pública en Marbella. Esta opción quedará reflejada en un convenio que se firmará tan pronto como se aprueben los presupuestos, según explicó Fernández de Moya.

No es la primera vez que el Ayuntamiento, y en concreto Ángeles Muñoz, consigue que el reconocimiento de que la ciudad fue saqueada desde la propia institución municipal adquiera rango de ley. Sin embargo, más allá de la reparación moral que ello supone, lo que resulta interesante de analizar es si esta reparación alcanzará también al ámbito de lo material.

Los derechos adquiridos en sentencias firmes por parte del Ayuntamiento permitieron hace ya seis años que la institución municipal pudiera refinanciar la deuda con el Estado que ahogaba a las arcas municipales y ponía en peligro el funcionamiento de los servicios más básicos. Esa refinanciación, a 40 años, permitió a su vez poner orden en las cuentas municipales, que hoy, gracias también a otros factores, presentan un estado razonable y un superávit de 90 millones de euros, absurdo para una ciudad con tantas necesidades. La deuda, en estos años, se ha ido reduciendo y ha pasado de los 270 millones de euros que recibió la gestora en 2006 a los 83 millones confirmados el pasado lunes por el secretario de Estado de Hacienda.

Sin embargo, más allá de los anuncios, de la reparación moral que supone que una resolución con rango de ley reconozca el derecho de la ciudad a que el dinero vuelva e incluso de la buena voluntad que puedan mostrar los responsables del Gobierno hacia la ciudad, es necesario poner los pies en la tierra. Marbella tiene reconocido en sentencias firmes el derecho a ser indemnizada por 300 millones de euros y de esa cantidad solamente se han conseguido cobrar 15 millones. El Estado, tomando en cuenta solamente la sentencia del ‘caso Malaya’, es acreedor de los condenados por corrupción en perjuicio de Marbella por más de 455 millones. No hay datos acerca de cuánto ha podido cobrar de esa cantidad, pero tomando en cuenta que los acreedores son en su mayoría los mismos que no le han pagado casi nada al Ayuntamiento es muy probable que las multas sean más un asiento contable que una realidad reflejada en las cuentas bancarias del Estado. Por eso, más allá de que es necesaria una actitud proactiva a la hora de cobrar, porque el dinero no vendrá solo, lo más recomendable es aferrarse a lo que hay. Y lo que hay son las propiedades que se han conseguido incautar y que el Ayuntamiento hace bien en buscar los cauces para que pasen a formar parte del patrimonio municipal y del equipamiento público. A la larga no nos quedará mucho más que eso.

La visita del secretario de Estado de Hacienda pone en evidencia otra realidad que empieza a dejar de pasar desapercibida. El Gobierno está moviendo a sus cargos por la geografía nacional porque sabe que la batalla que se librará en las próximas elecciones municipales será decisiva.

Que en lo que va de año el PP haya organizado en Marbella su convención municipal andaluza, con la presencia de Mariano Rajoy; que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, haya venido a presentar un proyecto de tren que todavía no está terminado; que ahora el secretario de Estado de Hacienda haya hecho lo mismo con un acuerdo para los Presupuestos que Ángeles Muñoz ya había adelantado y las visitas que seguramente vendrán en el futuro no demuestran otra cosa que la importancia que el PP le atribuye a mantener la Alcaldía de esta ciudad.

Ya se sabe que los comportamientos electorales en Marbella son muy difíciles de prever y por eso la incertidumbre a un año de las elecciones municipales es máxima. Hace tres años, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta y que el PSOE se quedara con la Alcaldía tras firmar un pacto a cuatro, se dio por hecho que no volvería a producirse una mayoría absoluta en Marbella, sobre todo por la irrupción de nuevos actores políticos con peso electoral. Tras recuperar el mando con la moción de censura, el horizonte de una nueva mayoría absoluta volvió a aparecer como un objetivo posible si los resultados de la gestión acompañaban al PP, pero el grave desgaste que ha sufrido, y que sigue sufriendo, esa marca a nivel nacional a cuenta de los inacabables casos de corrupción y la incapacidad para hacer limpieza hacen que de nuevo el objetivo vuelva a aparecer improbable para los populares.

A nivel local, la incertidumbre es mayúscula. No se sabe si habrá confluencia electoral a la izquierda del PSOE (de hecho, ni siquiera se sabe si una eventual alianza beneficiaría o perjudicaría electoralmente a Podemos e Izquierda Unida, que actualmente suman por separado cuatro concejales); no se sabe qué repercusión tendrá electoralmente para OSP su cambio de aliados a mitad del mandato municipal (sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de su electorado natural suele votar socialista en las convocatorias no municipales); no se sabe si habrá otra candidatura identitaria sampedreña; no se sabe quién será el candidato de Ciudadanos ni tampoco cuándo se resolverá esa incógnita. Tampoco se sabe si el ‘caso PGOU’, que ha resucitado tras su archivo, llegará vivo a las próximas elecciones con el desgaste que eso supondría para Ángeles Muñoz.

Con este panorama resulta imposible aventurar cómo se podrían configurar posibles alianzas que conformen una mayoría en el pleno municipal. Sobre todo, porque existe la certeza de que los acuerdos a los que se puedan llegar no serán municipio a municipio, sino parte de un arreglo general en el que estará incluida la pieza que todos los partidos persiguen: la Diputación Provincial y su presupuesto millonario.