Los empresarios turísticos deberían repensarse si tiene sentido mantener esa reivindicación que vienen manteniendo desde hace casi 40 años sin que les hagan el más mínimo caso: que exista en España un ministerio exclusivo de turismo. Algún mal pensado podría sugerir que nadie en su sano juicio arriesgaría el daño de imagen que podría ocasionarle convertirse en sucesor del último ministro de Turismo que ejerció con plenas competencias aunque sin credenciales democráticas, pero las causas son menos rebuscadas. Un ministro de turismo no tiene esencialmente nada que hacer.
Es verdad que de un tiempo a esta parte, concretamente desde que Rodríguez Zapatero lo incluyó en su primer gobierno en 2004, ha habido miembros del Gobierno que han tenido bajo su competencia esa cartera. Pero a no ser que queramos hacernos trampas al solitario deberíamos reconocer que eso no es más que un título nominal, una responsabilidad secundaria. ¿Hay acaso algo en materia turística que pueda recordarse de las gestiones de Pablo Sebastián (ministro de Industria, Comercio… y Turismo), de José Manuel Soria (Industria, Energía… y Turismo), o del actual, Álvaro Nadal (Energía, Agenda Digital… y Turismo)?
En el foro organizado por SUR el pasado lunes en Marbella, el propio Nadal tuvo un ataque de sinceridad inusual en el mundo de la política, donde abundan quienes prefieren acariciar los oídos a los auditorios. El ministro reconoció que el Gobierno carece de competencias en la materia y que cualquier norma que se impulse desde Madrid puede acabar en el Tribunal Constitucional si uno de los 17 gobiernos autonómicos considera que se han invadido sus competencias.
Amparándose en esta situación, el ministro advirtió que no corresponde al Gobierno legislar sobre los apartamentos turísticos, posiblemente el problema de mayor entidad que el sector tiene por resolver y que al parecer tendrá, llegado el caso, 17 soluciones diferentes.
Por el contrario, Nadal reconoció que su actividad como ministro de Turismo consiste esencialmente en pedir ayuda a sus compañeros de gobierno. Al de Fomento, que invierta si es posible en trenes y aeropuertos; al de Interior, si no le incomoda, que no descuide la seguridad en las playas durante el verano; al de Cultura, si lo tiene a bien,que preserve el patrimonio, y así con todos. Sólo la ministra de Defensa se libra de los ruegos. Aunque recurriendo al léxico posmoderno deberíamos llamarlo transversalidad, seguramente un observador de otras latitudes se sorprendería al descubrir que el papel del ministro del área en la segunda potencia turística del mundo se limita a rogar que no le fastidien el invento.