Habrá quien tenga la sensación de que con el regreso del debate sobre las lindes entre Marbella y Benahavís, que se retomó en los últimos días y alcanzó su culmen en el bochornoso pleno del pasado viernes, ha asistido al primer acto de la larga campaña electoral que nos espera hasta las municipales del año que viene. Es probable que quien piense así no esté muy alejado de la realidad.

Los últimos gurús de la política ponen el acento en la necesidad de que toda formación o grupo de opinión que aspire tener predicamento debe comenzar por formular un relato. Si una mayoría, o una buena parte de la masa social a la que se dirige, lo asume como propio, la parte sustancial de la batalla está ganada. Es, por decirlo de alguna manera, un aggiornamento de la batalla cultural, que según algunos teóricos de la primera mitad del siglo pasado era donde se dirimía la hegemonía política.

El lingüista norteamericano George Lakoff, más recientemente, aportó el concepto de los marcos conceptuales. Según su teoría, supone un error creer que la verdad se acaba imponiendo por la lógica de los hechos. Por el contrario, asegura que la verdad, para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos conceptuales de la gente. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos se ignoran.

Otros teóricos del siglo pasado, mucho menos respetables, aportaron algunos principios en la comunicación política que al día de hoy se siguen utilizando: la simplificación, la exageración, la vulgarización, la orquestación, la silenciación o la unanimidad son algunos de ellos.

Resulta curioso observar cómo los principios que suelen regir la alta política se repiten a escala y en otro nivel en los debates municipales.

Lo que no falla, a un nivel u otro, es ese principio no escrito de que en política no se permite la duda. Los hechos se relatan e interpretan desde certidumbres que parecen más nacidas de un dogma que de un razonamiento. Desde una convicción previa y no desde un análisis que pueda llevar a una conclusión sanamente parcial, provisional y siempre abierta a modificarse si se cuenta con nuevos datos.

Mucho de esto se ha visto, como decíamos, en el debate sobre la aprobación de los documentos con los que se normaliza la situación del urbanismo en Marbella, dos años y ocho meses después de que el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010 y hasta que la ciudad cuente con uno nuevo. Algo que no sucederá, con toda seguridad, antes de cinco años.

Al debate se llegaba con el antecedente del proceso judicial, aún abierto y pendiente de la resolución de un recurso, sobre una posible falsedad en el acta del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010. El discurso político ha convertido ese procedimiento en una supuesta investigación judicial sobre la falsificación de 22 planos del PGOU, incluido, por supuesto, el de las lindes, un extremo que ha sido negado por el propio redactor del Plan ante el juez y sobre el que no existe iniciativa judicial alguna. No obstante, la «falsificación del PGOU» forma parte del discurso habitual de algunos concejales y del marco conceptual que mencionábamos más arriba.

Esa supuesta falsificación habría tenido por objetivo regalarle a Benahavís 170.000 metros cuadrados en la zona donde la familia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene intereses patrimoniales, con lo que se perpetraría un pelotazo urbanístico en perjuicio del pueblo de Marbella.

La historia fue demasiado tentadora como para no utilizarla en su momento y ningún grupo de la oposición se resistió a esa tentación. Ahora, anulado el PGOU de 2010 por motivos totalmente ajenos a ese debate y con la aprobación de los nuevos documentos necesarios para la normalización urbanística de la ciudad, el discurso del robo de suelo en beneficio de un municipio vecino y de la alcaldesa ha resucitado con fuerza. La decisión de los grupos de oposición de abandonar el pleno durante el debate dio aún más vigor a lo que bien podría llamarse ‘el relato del despojo’. Una puesta en escena de ese calibre, al que precedieron algunas actuaciones poco edificantes, contribuye mucho más a construir ese relato que un debate sereno sobre un asunto ciertamente complejo que reclama una solución.

Porque debe decirse, y ahí está una de las claves de este asunto, que se trata de un problema con múltiples matices, que viene de largo, en el que se cometieron muchos errores a lo largo de la historia y que si se aborda con el único objetivo de construir un relato político resulta de imposible comprensión.

El problema nace durante la tramitación del PGOU de 1986, en el que los redactores, seguramente por error, dibujaron un plano en el que el límite entre Marbella y Benahavís se situaba fuera de la linde histórica, fijada en 1873, y se metía en territorio del municipio vecino. Con esa línea el Plan salió a exposición pública.

El 1 de agosto de 1985, la comunidad de propietarios ‘El Colorado’ presentó una alegación, como continuación de una anterior presentada dos años antes, en la que se señalaba que el error ya detectado se observaba más agravado «desplazándose hacia el Este» de su correcta situación, y solicitaban que se corrigiera. Aportaban para ello planos del Instituto Geográfico y Catastral. Esta alegación, conocida como la ‘alegación 310’ por el número de orden que ocupó entre todas las presentadas, fue estimada en sesión plenaria del Ayuntamiento el 25 de noviembre de 1985, en la que se votó la aprobación provisional del Plan.

Éste es el origen de uno de los problemas que se presentan actualmente, cuando en diferentes documentos aparecen tres líneas limítrofes diferentes: la primera, errónea; la segunda, correspondiente a las linde histórica, y la tercera, la del Plan que fue aprobado.

Los terrenos sobre los que ahora se discute quedaron entonces dentro de Marbella, según la linde histórica, pero ordenados por el Plan General de Benahavís, municipio en el que los propietarios pagan sus impuestos y del que reciben los servicios.

En 1986 el PGOU fue aprobado definitivamente, pero los planos de ordenación se dejaron en suspenso en virtud de los numerosos errores detectados. Así es como se elaboran nuevos planos y se sacan a exposición pública sin que se corrija el error original. Sin embargo, no se recibe ninguna alegación. El Plan se aprueba definitivamente en 1989 y la Junta ordena que se haga un texto refundido con la corrección de los citados errores, entre ellos la no inclusión de la alegación 310. Este trabajo se culmina en 1990, pero no alcanza a ser publicado al llegar Gil al Ayuntamiento de Marbella con la intención de elaborar un nuevo PGOU acorde a sus intereses.

Poco después de normalizarse la situación institucional del Ayuntamiento en 2007, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y su homólogo de Benahavís, José Antonio Mena, acordaron iniciar un expediente de deslinde en el que el suelo que ya llevaba 30 años bajo la competencia administrativa del municipio vecino pasara a figurar también oficialmente allí según las lindes oficiales.

Por ello, cuando durante la elaboración del PGOU de 2010 el jefe del equipo redactor, Manuel González Fustegueras, dibujó los límites territoriales según la linde oficial e histórica, la Junta de Andalucía le transmitió, tras conocer un informe del Consejo Consultivo, que hasta tanto el expediente de deslinde culminara debía repetir los límites fijados en el Plan de 1986. Ése fue uno de los 22 planos que el equipo redactor modificó días antes de la aprobación del documento, según declaró ante el juez el propio González Fustegueras cuando fue llamado como testigo durante la instrucción del caso por la supuesta falsedad de las actas del pleno donde se aprobó el Plan. En septiembre de 2015 la Junta archivó el expediente de deslinde tras una sentencia dictada el 9 de febrero de 2015 por la Sala Contenciosa Administrativa de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en contra del proceso abierto.

Todo lo que siguió ya es historia reciente. Las dudas sobre qué lindero dibujar volvieron a surgir durante la tramitación de los procesos de actualización del PGOU de 1986, que volvió a entrar en vigor al anularse el de 2010. El Texto Refundido elaborado durante la etapa del tripartito incluyó tanto el histórico como el que había sido aprobado tras aceptarse la alegación 310, pero en febrero de este año, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio envió un requerimiento al Ayuntamiento para que eliminara el histórico, con el apercibimiento de que «bajo ningún concepto la adaptación podrá modificar el límite del término municipal grafiado en el Plan General de 1986».

En consecuencia, ya con el PGOU adaptado a la LOUA y por lo tanto en pleno vigor y funcionamiento, conviven una línea de suelos clasificado por el planeamiento y otro del deslinde oficial.

Seguramente con un poco de buena voluntad esta anomalía histórica podría comenzar a resolverse, pero posiblemente sea demasiado esperar para un año electoral. Mantener vivo el relato puede resultar mucho más rentable.