Con la lógica preocupación de una temporada turística que no marcha como se esperaba, los empresarios del sector se reunieron la semana pasada con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para pedir más impulso municipal en la promoción turística y mayor profesionalización en esa área. El encuentro fue iniciativa del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), cuyos máximos responsables tomaron parte del mismo, aunque la voz cantante la llevaron los miembros de la directiva de esa organización cuya ámbito de actuación empresarial se encuentra más directamente ligado al turismo.

De la reunión, que no se puede decir que fuera secreta pero sí que se celebró bajo un cierto manto de discreción, salió una propuesta de la alcaldesa sobre la financiación de iniciativas de promoción y de gestión turística que ahora los empresarios evaluarán antes de dar una respuesta. «Ha puesto la pelota en nuestro tejado», fue el comentario que se escuchó a la salida.

Pero además de analizar el resultado, resulta interesante conocer cuáles eran las ideas con las que algunos de los empresarios llegaban a la reunión. Una de ellas destacaba por lo temerario del planteamiento. Argumentaba, con brocha gorda, que si el ‘caso Malaya’ provocó un grave daño de imagen a la ciudad de Marbella, lo lógico sería que los fondos que ya se han recuperado por las causas judiciales se destinen precisamente a campañas de promoción que restituyan la buena reputación de la ciudad.

La propuesta, que no llegó a plantearse de esa manera en la reunión, resume sin duda la forma de pensar de una parte del sector empresarial de la ciudad que incurre, intencionadamente o no, en algunos gruesos errores de enfoque. El más grosero es suponer que el problema de imagen que sufrió en su día la ciudad a causa de la corrupción, seguramente ya superado, fue consecuencia directa de la ‘operación Malaya’ y no derivada de la corrupción a la que ‘operación Malaya’ puso fin.

Pero hay otro error de enfoque más importante, y que parte de ignorar, intencionadamente o no, la verdadera naturaleza de lo que fue la corrupción urbanística en la ciudad y cuáles de sus consecuencias la siguen castigando hasta el día de hoy.

La idea de destinar los fondos recuperados de causas judiciales a enaltecer la imagen de la ciudad es una muestra más del tironeo que se está produciendo sobre esos recursos, que no por voluminosos o inesperados son infinitos. Cada uno tira para lo suyo, y en eso radica el riesgo del proceso participativo que se ha abierto con el benaplácito de todos los partidos políticos para decidir el destino de ese dinero. Existe la posibilidad de que se acabe repartiendo para contentar a todos, o a los que muestren una mayor capacidad de movilización a la hora de responder a la consulta, y que se siga sin hacer un diagnóstico no ya de las carencias de la ciudad, que son diversas, sino especialmente de las carencias provocadas por la corrupción urbanística de los años noventa y de los primeros años de este siglo. Se trata de carencias que se han enquisitado y que solamente podrán solventarse desde una iniciativa política de carácter extraordinario. El riesgo que existe si no se procede de esa manera, es que esas carencias se vuelvan crónicas e irresolubles.

Durante los años en los que Roca mandaba en el Ayuntamiento el latrocinio transitó por caminos diversos, pero hubo una forma de despojo que se repitió sistemáticamente. Consistió en la firma de convenios por los que el aprovechamiento medio de los proyectos urbanísticos, el suelo que los promotores deben ceder a la institución municipal para que los nuevos inmuebles puedan ser dotados de los servicios públicos correspondientes, se monetarizaban. Es decir, se convertían en dinero. Este dinero, claro está, nunca llegaba a las arcas públicas. Todos los convenios impulsados por Roca en aquella época de gran crecimiento en la construcción utilizaban esta fórmula. Era, además, una época en la que estaba en vigor el PGOU de 1986 pero el Ayuntamiento concedía licencias con arreglo a otro PGOU, el de 1998, que nunca llegó a aprobarse. Los convenios permitían a acogerse a ese planeamiento ficticio, por lo que firmarlos era un paso obligado para poder poner un ladrillo sobre otro.

El robo era doble, del suelo y del dinero. Como consecuencia de este delito continuado contra el patrimonio público, la ciudad se fue quedando sin suelo para sus equipamientos esenciales. Las urbanizaciones crecían con viales insuficientes y sin tener en cuenta que sus propietarios necesitarían de salud, educación o práctica deportiva. De ahí la dificultad actual para encontrar terreno para construir colegios, institutos, centros de salud o instalaciones deportivas públicas. De ahí también esa dualidad de una ciudad que parece muy bien dotada de equipamientos sanitarios o educativos privados y que no puede ofrecer a sus vecinos un mínimo de instalaciones públicas acordes a las necesidades de una ciudad de este siglo.

La herencia de aquellos años son las carencias materiales, concretas, constatables, que puede ser superadas por la oportunidad que brindan estas causas judiciales, que permiten no sólo recuperar edificios y suelo que deben ser puestos a disposición de las necesidades comunes de los vecinos sino también de dinero que debe ser utilizado para el mismo fin de recuperar lo perdido.

Es verdad que la reputación de la ciudad sufrió a causa de la corrupción. Hay quienes parecieron en su día más preocupados por la imagen de políticos y empresarios esposados que por la que los precedió, de los que la oronda figura de Jesús Gil en un jacuzzi rodeado de señoras en bikini se constituyó en paradigma. La hemeroteca no registra ninguna queja empresarial al entonces alcalde porque revolcara la imagen de la ciudad por el lodo de la ordinariez.

Es verdad que la imagen actual de Marbella es mejorable, pero no tiene que ver con aquella situación de la corrupción y sus consecuencias, sino más bien por los atascos interminables, el estado de las playas, los turistas de borrachera, los espacios públicos invadidos por el comercio ilegal u otras cuestiones que empañan la excelente oferta turística de la ciudad. Más que mejorar la imagen de la ciudad de lo que se trata es de mejorar su realidad. Y ello no debería ir en desmedro, sino todo lo contrario, de devolverle a los vecinos los equipamientos públicos que se les vienen negando desde hace más de 25 años.