Los calendarios electorales tienen estos caprichos. Pueden pasar dos y hasta tres años sin que seamos convocados a las urnas, pero cuando se avecina una campaña ya sabemos que en cuanto acabe nos tendremos que preparar para la siguiente. Después de algunos años de calma nos disponemos a entrar en ese periodo de una convocatoria tras otra. Debería producirse una sorpresa mayúscula para que en estos días no sepamos ya cúando vamos a ser convocados para votar en las elecciones andaluzas, y si es así, cuando salgamos de allí ya tendremos a la vuelta de la esquina las elecciones municipales. Todo ello con la incógnita de cuándo se verá el actual gobierno central obligado a convocar las elecciones generales.

Tantas elecciones seguidas después de un periodo de calma tienen el doble efecto de que muchas veces se mezclen unos debates con otros y que el ruido provocado por los nervios que en estas ocasiones invaden a los partidos dejen en un segundo plano a los debates de propuestas y de modelos económicos, de ciudad y de país que es para lo que deberían servir las campañas electorales.

Algunas señales que se han percibido esta semana nos advierten de que efectivamente no va a resultar fácil que los meses que se avecinan vayan a ser propicios para el debate de ideas. Las estrategias no parecen pasar por ahí.

Esta semana se ha conocido que el Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, envió el pasado junio al Ayuntamiento un requerimiento de ingreso para que la institución municipal le entregue los 12 millones de euros que días antes había recibido procedentes del la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que actuó en su día como tribunal del ‘caso Malaya’ y que ahora está al frente de la ejecución judicial de los bienes embargados en esa causa.

Se dice que el periodismo consiste en dar a conocer lo que alguien quiere que no se sepa, y en este caso parece que casi nadie estaba interesado en que se conociera la información publicada por SUR el pasado viernes.

Hay varios motivos para llegar a esta conclusión, pero hay uno que es obvio. Tanto el gobierno municipal, que como es evidente la conocía, como el PSOE, cuyo portavoz, José Bernal, reconoció que también lo sabía desde hace tiempo, obviaron ponerla en su momento en conocimiento de los vecinos de Marbella. Cálculo político bajo la fachada de la responsabilidad.

La requisitoria de Hacienda, que fue respondida días después por el gobierno municipal y cuya resolución ha estado a la espera de la decisión de la Agencia Tributaria acerca de la presentación o no de un recurso contencioso-administrativo, incomodaba a todas las partes y posiblemente por eso nadie haya querido sacar el asunto a la luz ni referirse a él al menos hasta que tomó estado público.

Incomodaba al equipo de gobierno porque la puesta en duda de su capacidad para disponer de esos fondos podía quitar fuerza a la campaña, muy personalizada en la alcaldesa, que pretende situar como un logro personal de Muñoz el indudable éxito para la ciudad que supone recuperar cuanto menos una parte del botín saqueado durante los años más oscuros de su historia. Que se haya conocido una información de hace dos meses que el equipo de gobierno había elegido no comunicar no supone, ni mucho menos, una situación cómoda para los actuales regidores del Ayuntamiento. Ni Muñoz ni nadie del equipo de gobierno explicaron por qué ocultaron esta información durante tres meses.

Para la oposición -aunque en realidad habría que decir para el PSOE, ya que los otros grupos están teniendo en todo el asunto de la recuperación de bienes una postura más inteligente-, la aparición de la noticia también generó una clara situación de incomodidad. La airada comparecencia el pasado viernes del portavoz socialista, José Bernal, así lo puso de manifiesto y lo que toca ahora es intentar comprender el motivo de ese disgusto. Una posibilidad es que la concatenación de hechos pueda invitar a pensar acerca de los motivos por los que se produjo la requisitoria de Hacienda. Repasemos: el viernes 22 de junio, el juez José Godino entregó el talón a Ángeles Muñoz en un acto celebrado en el despacho de un procurador en Marbella. El lunes siguiente, primer día hábil tras el fin de semana, en la delegación andaluza de la Agencia Tributaria, con sede en Sevilla, ya se elaboraba el requerimiento, que se envió al Ayuntamiento de Marbella un día después.

No se trataba, pese a lo que aseguró Bernal el pasado viernes, de un expediente que ya se viniera elaborando tiempo atrás. El expediente al que hace referencia la requisitoria, basta con leerla serenamente, es el de fraccionamiento de la deuda del Ayuntamiento con el Estado, incoado el 20 de noviembre de 2012 y que seguirá abierto hasta la cancelación de la misma, previsiblemente en el año 2052. El documentopara reclamar los 12 millones de euros se elaboró en Sevilla el lunes 25 de junio y se envió al Ayuntamiento de Marbella el martes 26.

Posiblemente por mala conciencia, o quizás por esa tendencia tan habitual como preocupante de hacerle más caso a su vísceras que a su capacidad de discernimiento, el exalcalde declaró el pasado viernes que la publicación de la noticia obedecía a un acto de propaganda impulsado por la propia alcaldesa.

En una improvisada y vehemente comparecencia ante los medios convocada en mitad del pleno municipal, Bernal dio por hecho sin dejar lugar a cualquier otra interpretación que la aparición de la noticia era parte de una estrategia trazada desde el equipo de gobierno. «Lo que hemos conocido hoy es un anuncio interesado del Ayuntamiento de Marbella», dijo. «La información es interesada de la señora Muñoz, forma parte de su estrategia electoralista», repitió momentos más tarde. Quizás por iniciativa propia, quizás porque padece de un asesoramiento mejorable -no todo el mundo está obligado a entender acerca de todas las materias-, Bernal no se permitió ni siquiera abrirse a la posibilidad de suponer que la noticia vio la luz porque un medio de comunicación hizo lo que debía lo mejor que pudo.

Sembrar dudas sobre el trabajo de los demás es algo que se le da bien a algunos políticos cuando los hechos trastocan sus planes y su discurso. La tentación de disparar contra el mensajero es tan vieja como los mensajes mismos.

Pero puede ser, sin embargo, que haya otra explicación y no todo sea una cuestión visceral. Quizás Bernal haya razonado que era más conveniente intentar llamar la atención sobre quién pudo haber filtrado esta información a la prensa (la respuesta a esa pregunta es nadie, no todo lo que se publica son filtraciones) y no que la opinión pública se pregunte quién se apresuró, el mismo día en que el talón llegó al Ayuntamiento de Marbella, a trasladar la información a la Agencia Tributaria

Porque tampoco debe descartarse que alguien haya razonado que 12 millones de euros para que el Ayuntamiento pueda invertirlos pocos meses antes de que los ciudadanos pasen por las urnas podía no ser, después de todo, una noticia tan buena.