Esta semana el Partido Popular ha dado por roto su pacto de gobierno con el PSOE en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y no es que la opinión pública en todo el litoral de la provincia de Málaga haya entrado en estado de shock. La Mancomunidad es un ente de gestión de servicios públicos que además de cumplir con esa función con mayor o menor fortuna fue, y sigue siendo, la hermana menor en el vodevil de los acuerdos y desacuerdos políticos. Cuando en 1995 el PP necesitó el apoyo del GIL para gobernar por primera vez la Diputación Provincial de Málaga, la moneda de cambio fue la Mancomunidad. De aquella época quedó el pufo de la desaladora, que acabó en los tribunales con una condena contra Juan Antonio Roca. En los años siguientes, cuando el PSOE necesitó de Izquierda Unida para recuperar el organismo provincial, fue la coalición de izquierdas la que se quedó al timón del ente mancomunado, con el entonces alcalde de Casares y ahora procesado Juan Sánchez a la cabeza.

Además de como moneda de cambio, la Mancomunidad también funcionó durante todo aquel tiempo como coladero laboral de los partidos políticos allí representados y por eso mismo se había constituido en zona liberada de las controversias políticas. Se trataba de un territorio donde todos tenían motivos para convivir y protegerse mutuamente.

Aunque las nueva norma de racionalización de las administraciones públicas acabó en cierta medida con la discrecionalidad con la que los partidos actuaron todo ese tiempo en materia de personal -para camuflar contrataciones que en realidad eran para trabajar para los partidos, para recompensar servicios prestados o para encumbrar a figuras emergentes- la impunidad que reinó durante años y el hecho de que los partidos se encubrieran unos a otros dejó un legado en la propia Mancomunidad y en su empresa pública, Acosol, de políticos y asimilados con plaza en propiedad cuyo repaso permite reconocer nombres ligados al PP, al PSOE , a Izquierda Unida y hasta al GIL

Por esa necesidad de todos los partidos de convivir razonablemente, y también de alejar a la entidad de los focos, no llamó la atención que, en 2015, al comienzo del presente mandato, la presidenta de la Mancomunidad, la popular Margarita del Cid, pese a contar con mayoría absoluta, impulsara la conformación de un gobierno de unidad en el que todos los partidos estuviesen representados. Del Cid integró en su equipo, con reparto de delegaciones ejecutivas, al PSOE, Ciudadanos, Opción Sampedreña y Compromiso por Manilva. De todas las formaciones representadas en la Mancomunidad solamente Izquierda Unida optó por mantenerse al margen.

Por un lado, existía la voluntad de mantener al organismo como territorio al margen de las disputas enconadas que suelen tener lugar en la política local y por otro se estaba pendiente de que la justicia tomara una decisión que podía alterar la conformación política de la institución. En efecto, se estaba pendiente que se resolviera el recurso presentado por el PSOE contra la modificación de los estatutos aprobados durante el anterior periodo, con mayoría absoluta del PP, que cambió la forma de representación paritaria de los municipios por una proporcional y que le garantizó conservar una mayoría que con la norma anterior hubiese perdido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en favor del recurso socialista y el proceso está ahora pendiente de que el Supremo resuelva el recurso de casación presentado por el PP. Mientras tanto, el PP disfruta de su mayoría, aunque no se sabe por cuanto tiempo.

En este contexto, el jueves de la semana pasada Del Cid sorprendió con el anuncio de que rompía el pacto con el PSOE por lo que consideraba deslealtad de esta formación política. La presidenta hizo referencia a dos cuestiones para fundamentar esta decisión. Por un lado, la presentación de un recurso contencioso de la empresa de aguas de Benalmádena contra la liquidación del canon elaborada por la empresa pública Acosol, dependiente de Mancomunidad durante el periodo 2007-2015.

Por el otro, la moción aprobada en el Ayuntamiento de Torremolinos el 22 de marzo de este año por el que se destituía a Del Cid como representante en la Mancomunidad, que fue posteriormente anulado judicialmente.

Las explicaciones resultan a todas luces insuficientes. Primero, porque el episodio de su pretendida destitución tuvo lugar hace ya siete meses, y si entonces no optó por echar a los socialistas del gobierno de la Mancomunidad no se entiende por qué lo hace ahora. En segundo lugar, porque el recurso presentado por la empresa de aguas de Benalmádena, una entidad que por otra parte está participada en un 50 por ciento por capital privado, fue aprobada por unanimidad en ese ayuntamiento, incluidos los concejales del Partido Popular.

Hubo otra circunstancia a la que aludió Del Cid que tampoco ha quedado suficientemente explicada. La presidenta de la Mancomunidad se refirió a que las cuentas de Acosol que han sido cuestionadas por el recurso presentado por Benalmádena corresponden a los años de gestión del socialista José Bernal como consejero delegado, por lo que la atribuyó a disputas internas entre éste y Bernal. Bajo el manto de esa teoría, la decisión de expulsar del gobierno a los miembros del PSOE obedecería a no permitir que la Mancomunidad se convirtiera en campo de la batalla interna de los socialistas. Más allá de que estas discrepancias en el seno de los socialistas de la Costa del Sol sean más o menos profundas, el motivo no parece suficiente para romper el acuerdo de gobierno. ¿Qué más le interesaría al PP que permitir que esas disputas, de existir, estallaran públicamente?

Ninguno de los argumentos esgrimidos oficialmente por Del Cid pueden considerarse suficientemente sólidos como para justificar no ya la ruptura, sino el cambio en la estrategia del gobierno de la Mancomunidad, por lo que para buscar una explicación hay que ir a los extraoficiales.

El problema es que los socialistas no fueron informados de los motivos de la ruptura y en las filas del propio Partido Popular existe tanta incertidumbre como en las de sus rivales. Nadie sabe explicar bien a qué se debió y los que posiblemente lo sepan prefieren guardar silencio. La falta de certezas, como suele suceder en estos casos, no hace otra cosa que dejar espacio a las especulaciones.

Hay quienes atribuyen la ruptura a una exigencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que busca una respuesta a la estrategia de José Bernal de intentar arrinconarla con denuncias ante los tribunales recurriendo a cualquier asunto, tenga éste mayor o menor fundamento. Hace tiempo que los populares de Marbella quieren poner la lupa sobre la gestión del candidato socialista al frente de Acosol, pero quienes sostienen esa tesis no son capaces de explicar en qué ayudaría a esa estrategia echar del gobierno de la Mancomunidad a miembros del PSOE que nada tienen que ver con Bernal. Desde el entorno de Muñoz se niega tajantemente que la regidora de Marbella haya tenido nada que ver en la ruptura y recuerdan que Del Cid sólo responde ante el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, quien mantiene silencio sobre este asunto.

La otra teoría apunta a la necesidad de escenificar una ruptura de cara a la estrategia política para los próximos meses, que se hará más encarnizada a medida que se acerquen las elecciones municipales. Pero esta explicación también presenta lagunas, especialmente porque no es la Mancomunidad un escenario que esté en el primer plano mediático. La influencia electoral de lo que allí suceda es prácticamente irrelevante de cara a la opinión pública.

El escenario de oasis de convivencia que suponía la Mancomunidad ha pasado a la historia. Ha comenzado una etapa de confrontación y lo que queda por ver es si la temperatura, de aquí a las elecciones municipales de mayo del año que viene, seguirá subiendo. Y si la Mancomunidad dejará de ser un lugar donde unas vergüenzas tapan a otras.