En la semana que acaba de terminar, el equipo de gobierno municipal inició una ronda de contactos con colectivos sociales y empresariales de la ciudad para explicar cuál es la situación del urbanismo y la marcha de la hoja de ruta trazada para recuperar la normalidad perdida hace más de 25 años. En el equipo que lleva las riendas de la ordenación del territorio se resisten a admitir la metáfora de que la ciudad se encuentra en un laberinto, dado lo complejo de la situación, y entienden que tanto el dictamen elaborado por los expertos contratados por el Ayuntamiento como el proceso de adjudicación de los trabajos de elaboración del nuevo PGOU señalan un camino claro de recuperación del rumbo. Más que un laberinto, lo que parecen ver es un túnel largo y recto al final del cual se alcanza a ver una débil y tímida luz. En estas reuniones, la primera de las cuales se celebró ante cerca de 80 empresarios convocados por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, la concejala de Ordenación del Territorio y Vivienda, Kika Caracuel, señaló algunas de las premisas con las que se trabaja y que se podrían sintetizar en las siguientes. 1) El control sobre todo el proceso del nuevo PGOU lo tendrá el Ayuntamiento de Marbella, sin tutela de la Junta. 2) Su redacción no partirá del planeamiento preexistente, sino de la realidad física actual de la ciudad. 3) El dictamen de expertos marca diferentes rumbos para regularizar lo irregularmente construido entre 1991 y 2005 y ese trabajo se irá haciendo de forma paralela a la redacción del Plan. Se solucionará lo antes posible lo que tenga solución posible y se postergará lo que requiera de soluciones legales a más largo plazo. 4) La posibilidad de que se ejecute alguna demolición está fuera de cualquier hipótesis que se plantee el equipo de gobierno. 5) Los planes parciales en ejecución permitirán aumentar en un 25 por ciento el suelo disponible en Marbella para desarrollos futuros, lo que es una buena base para trabajar hasta que se cuente con el nuevo planeamiento. 6) La demora en la concesión de licencias, con una media de 11 meses de tramitación, es una rémora que los responsables municipales saben que tienen que corregir. 7) Hay que buscar soluciones a las consecuencias de la falta de gestión urbanística durante tanto tiempo, que ha dejado urbanizaciones sin recepcionar y suelo dotacional escaso y mal repartido. Este resumen, posiblemente incompleto y parcial, refleja no solamente la información que Caracuel y el director general de Urbanismo, José María Morente, dieron a los asistentes a las reuniones, sino también, en gran medida, las respuestas a las inquietudes que estos pusieron sobre la mesa. La demora en las licencias, las regularizaciones y sobre todo los plazos del PGOU son, por lo que se ha podido observar en estas reuniones, las cuestiones que más preocupan. Sin embargo, ha bastado que esta semana se conociera la disposición de la Junta de Andalucía en relación a las lindes entre Marbella y Benahavís para que el debate político, en plena precampaña para las elecciones autonómicas, haya vuelto a centrarse en ese asunto. Una vez más, en este caso en el terreno urbanístico, queda en evidencia la distancia entre lo que preocupa a la calle y lo que ocupa el debate de sus representantes. La resolución, dictada por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y publicada en el BOJA del 26 de octubre, señala en respuesta a un requerimiento relacionado con el PGOU de Benahavís que los límites entre ese municipio y Marbella son los fijados en 1873. La resolución rechaza un escrito presentado por el Ayuntamiento de Marbella que advertía de que tres años más tarde de que se firmara el acta de deslinde entre representantes de ambos ayuntamientos, Marbella hizo constar su falta de acuerdo con esa acta. Con la publicación de esta resolución la Junta indica que los límites históricos entre ambos municipios son inamovibles. Se podría pensar que esta decisión termina definitivamente con la polémica de las lindes, pero eso está lejos de ser así. En primer lugar, porque hasta ahora nadie había dicho nada diferente, lo que no ha impedido que llevemos ocho años discutiendo sobre las lindes. Lo que había no era un problema de linde, sino de ordenación. Existe una porción de suelo, más de 150.000 metros cuadrados, que se podría llamar ‘en disputa’, aunque en realidad nadie disputa por él, que pertenece histórica y legalmente a Marbella y que sin embargo no ordena el PGOU de este municipio, sino el de Benahavís. De hecho, la orden de la Junta se dicta a partir de la necesidad de contar con la documentación necesaria para aprobar la revisión del PGOU de ese municipio. El problema, como ya se ha explicado, nació durante la tramitación del PGOU de 1986, en el que los redactores trazaron un plano en el que el límite entre Marbella y Benahavís se situaba fuera de la linde histórica y se metía en territorio del municipio vecino. Con esa línea el Plan salió a exposición pública. El 1 de agosto de 1985, la comunidad de propietarios ‘El Colorado’ presentó una alegación, como continuación de una anterior presentada dos años antes, en la que se señalaba que el error ya detectado se observaba más agravado «desplazándose hacia el Este» de su correcta situación, y solicitaban que se corrigiera. Aportaban para ello planos del Instituto Geográfico y Catastral. Esta alegación, conocida como la ‘alegación 310’ por el número de orden que ocupó entre todas las presentadas, fue estimada en sesión plenaria del Ayuntamiento de Marbella el 25 de noviembre de 1985, en la que se votó la aprobación provisional del Plan. Por ello, en diferentes documentos aparecen tres líneas limítrofes diferentes: la primera, errónea; la segunda, correspondiente a las linde histórica, y la tercera, la del Plan que fue aprobado. Los terrenos sobre los que ahora se discute quedaron entonces dentro de Marbella, según la linde histórica, pero ordenados por el Plan General de Benahavís, municipio en el que los propietarios pagan sus impuestos y del que reciben los servicios. Esa situación continúa y puede resultar ahora, tras la publicación de la orden de la Junta, un problema para la aprobación del PGOU de Benahavís. La no concordancia entre ambas líneas se puede resolver de dos maneras, o modificando la linde por acuerdo de ambos municipios y la rúbrica de la Junta o revisando los planes generales. Lo primero ya se intentó en 2007, cuando la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que tiene su vivienda en la zona caliente, y su homólogo de Benahavís, José Antonio Mena, acordaron iniciar un expediente de deslinde por el que el suelo que ya llevaba 30 años bajo la competencia administrativa del municipio vecino pasara a figurar también oficialmente allí según las lindes oficiales. Sin embargo, en septiembre de 2015 la Junta archivó el expediente de deslinde tras una sentencia dictada el 9 de febrero de 2015 por la Sala Contenciosa Administrativa de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en contra del proceso abierto. La segunda alternativa, revisar el PGOU para cambiar la linde, es la que ha planteado esta semana Opción Sampedreña, el socio minoritario de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella. Sus compañeros no han respondido. Nada más alejado de la intención del PP de provocar una crisis por este motivo, pero con todos los asuntos pendientes en el área urbanística no se ve viable plantear una revisión del Plan de 1986 para hacer esa modificación cuando el proceso en marcha es el de la redacción de un Plan nuevo. No obstante, el criterio es que si se puede hacer que se haga. ¿Es más sencillo modificar la linde o cambiar un Plan? Seguramente ninguno de los dos es un proceso sencillo, pero el debate en este asunto se ha enquistado de tal manera que hoy por hoy resulta prácticamente imposible imaginarse un debate en el que alguno de estos dos procesos pudiera desarrollarse no ya con consenso, sino con el mínimo sosiego necesario. Que la vivienda de Ángeles Muñoz esté en la zona ‘en disputa’ no ayuda, y tampoco que la calificación del suelo sea diferente a uno y otro lado de lo que algunos parecen considerar una frontera. Que la oposición municipal haya colocado este asunto en el centro de su acción política, con denuncias penales y acusaciones de pelotazo, aunque el cambio se remonte a 1986, tampoco. Así, lo más probable es que el asunto no se resuelva. Por el contrario, la orden de la Junta ha aportado nuevos elementos que pueden incluso animar la controversia. El primero es que las coordenadas de los puntos de amojonamiento no coinciden exactamente con los que se conocían como históricos, lo que afecta a algunas viviendas y a parte de las instalaciones del Marbella Football Center, que pasan a estar en Benahavís. Al parecer eso se explica porque los instrumentos de medición de 1873 no son lo mismos que los del siglo XXI y también por cuestiones geofísicas relativas al paso del tiempo. Tendremos para entre