Los grupos políticos municipales podrían habernos ahorrado el espectáculo de fariseísmo de esta semana. Ha resultado muy poco edificante todo lo que ha seguido a la noticia publicada acerca del expediente abierto en el Ayuntamiento para ceder suelo público, con clasificación de uso educativo en su mayor parte, a la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová. Les hubiese resultado muy sencillo ser coherentes con lo que han venido haciendo durante los dos últimos años y articular un discurso acorde a esos hechos. Tenían argumentos: los Testigos de Jehová no son una organización ilegal, no pesa sobre ellos condena judicial alguna que se sepa, sus actividades no están prohibidas ni perseguidas por la ley, cuentan con varios cientos de miembros activos en Marbella y en algunas ocasiones el Palacio de Congresos se les ha quedado pequeño. Piden algo que el Ayuntamiento puede darles sin infringir la ley y el solar donde pretenden construir un templo no reúne las dimensiones para levantar un colegio o un instituto. Cualquiera de estos argumentos, ninguno de ellos falaz, podría haber sido utilizado para defender una iniciativa que nació con el gobierno tripartito y que continuó tras la moción de censura. Si nadie tuvo nada en contra cuando el expediente avanzaba bajo la más absoluta discreción, por qué tenerlo ahora cuando ha salido a la luz pública. Posiblemente, precisamente por eso, porque salió a la luz pública y desnudó contradicciones firmes y principios endebles.

Un simple cálculo basado en la intuición habrá llevado a suponer, con toda razón, que por el mismo agujero por donde podían entrar 500 o mil votos mediante una gestión realizada sin publicidad se podían escapar muchísimos más en cuanto esa misma gestión fuese conocida por los vecinos. Ceder suelo educativo en una zona que clama por infraestructuras públicas y donde las guarderías son uno de los equipamientos más demandados es una iniciativa que puede no ser entendida por la mayoría. Contentar a los Testigos de Jehová y enfadar a las Ampas no parece ser un negocio muy rentable, y así como hago una cosa le puedo decir la otra, oiga.

El equipo de gobierno, por boca de su portavoz, Félix Romero, optó por lo primero. Situó el desarrollo del expediente en fase administrativa y aseguró que la decisión política vendrá después, a la hora de resolverse las alegaciones si es que éstas se presentan. Según este razonamiento, ciertamente ingenioso aunque algo exótico, las decisiones políticas sólo se toman en el Ayuntamiento a la hora de resolver alegaciones. Si no hay alegaciones, el Ayuntamiento es una mera maquinaria administrativa donde da igual si gobierna el Club de Fans de Margaret Tatcher o la Organización Comunista Revolucionaria Poder Obrero. Si así fuera, ¿para qué molestar a los ciudadanos llamándolos a las urnas un domingo de primavera cada cuatro años? ¿Los principios y convicciones sólo se sostienen mediante la resolución de alegaciones?

Siguiendo esta idea del Ayuntamiento como mera institución burocrática sin contenido político, es lógico que durante dos años y mientras se desarrolló un expediente que atravesó 16 fases y pasó por tres delegaciones diferentes, al frente de las cuales ha habido en todo este tiempo tres partidos políticos distintos, nadie haya reparado en que el suelo público con calificación educativa, en una ciudad con una carencia dramática de guarderías, de bibliotecas y de equipamientos donde desarrollar actividades docentes, no debería estar disponible para construir templos religiosos. Que un expediente simplemente se inicie, se desarrolle y se termine sin que alguien en algún momento haga una valoración política y tome decisiones aún a riesgo de disgustar a algún colectivo debería inquietarnos. Aunque suene contradictorio, lo electoral discurre muchas veces por caminos que no pueden ser considerados políticos sino, más bien, antipolíticos.

En esa parcela se intentó en tres ocasiones construir una guardería mediante el sistema de concesión, es decir, cesión del suelo a un privado para que realice la inversión y luego explote las instalaciones concertando las plazas con la Junta de Andalucía. No hubo interesados y el Ayuntamiento desechó la posibilidad de acometer las obras con sus propios recursos. Lo que para el Partido Popular es inaceptable cuando la inversión la debía realizar la Junta, como sucedió con el Hospital o con el Puerto de La Bajadilla, no parece ofrecer objeciones cuando toca mirarse al espejo.

El expediente se inició el 1 de marzo de 2016 y pasó durante el gobierno tripartito por las áreas de Patrimonio, al frente de la cual se encontraba OSP, Urbanismo (PSOE) y Cultura (OSP). Tras la moción de censura volvió a pasar por las mismas áreas, es decir Patrimonio (OSP), Urbanismo (PP) y Cultura (PP). Al iniciarse este proceso, representantes de los Testigos de Jehová se reunieron con todos los partidos políticos, a excepción de Izquierda Unida según han confirmado a este periódico ambas partes.

Por ello, si la explicación ensayada por Félix Romero una vez conocida la información podría ser considerada, digamos, original, la reacción del Partido Socialista, escenificando una indignación al estilo de Louis Renault, el policía corrupto de Casablanca al grito de «¡qué escándalo, aquí se juega!», encuentra más difícil calificación. La política, que es el único instrumento de los ciudadanos de a pie frente a los más poderosos, no debería tener a la mentira como parte habitual de su paisaje. Porque si se degrada quienes pierden son los más débiles.