La normalidad no debería ser noticia, de hecho nunca lo es, pero basta con echar la vista alrededor para deducir que algún malabarista en Marbella lo debe estar haciendo bien. En Manilva, los sufridos trabajadores municipales llevan tiempo sin cobrar a tiempo, y no hay mes en el que la nómina esté ingresada en los primera semana. En Estepona, esta semana ha caído la amenaza de que el Ayuntamiento puede quedarse sin suministro eléctrico si antes de diez días no se paga una deuda de medio millón de euros. No es una situación nueva: semanas atrás las dependencias municipales estuvieron días sin teléfono también por el impago de la factura, en una situación que desde el equipo de gobierno se intentó ocultar. Sin éxito.

No hace falta ser un lince para imaginar la repercusión nacional que hubiese tenido cualquiera de estas situaciones de producirse en Marbella, y por ello no está de más poner en valor la normalidad aunque nunca vaya a ocupar portadas ni sirva para rellenar minutos en la televisión. Sobre todo cuando esta semana algunos episodios judiciales han servido para recordar de dónde venimos. Apenas han pasado algunos días desde la sentencia del ‘caso Saqueo’, donde se ha podido demostrar que los tres delincuentes condenados, y alguno más que partió a mejor vida antes de que una justicia desesperadamente lenta lo pudiera sentar en el banquillo, robaron al Ayuntamiento de Marbella 26 millones de euros. Ahora hemos conocido el contenido de la petición fiscal y de las acusaciones en el conocido como ‘caso Monteverde’. Las cifras vuelven a recordar cuál es la situación en la que Jesús Gil y su banda dejaron a la ciudad. La Fiscalía estima que los acusados deben devolver al Ayuntamiento 74 millones de euros; la acusación que ejerce el Ayuntamiento valora el saqueo en algo menos, 71 millones, idéntica cifra a la que estima el PP; la acusación del PSOE lleva la petición a 59 millones de euros, aunque en esta cantidad no incluye los intereses legales, por lo que su cifra puede llegar a ser la más alta.

Millón arriba, millón abajo, leer los diferentes escritos de acusación ha sido como un repaso al catálogo del descaro. Una relación de más de 90 operaciones que suponen tal exhibición de desvergüenza que en algunos casos podrían invitar a la sonrisa si no estuviéramos ante el mayor desfalco que ha sufrido una institución pública en España en toda su historia democrática. Con todos los vecinos de Marbella como víctimas, incluidos quienes aún hoy opinan que pese a todo el gobierno de Gil no fue tan malo porque había trabajo y las calles se barrían todos los días. Desde cheques emitidos sin justificar hasta gastos por eventos que nunca se celebraron, pasando por la compra de los muebles para el despacho del entonces alcalde de Estepona, el hijo mayor de Jesús Gil, por 50 millones de pesetas de la época, 300.000 euros de ahora. Y en el centro de todo, los proyectos pagados al estudio del arquitecto Monteverde, que según ha revelado ya un dictamen del Tribunal de Cuentas, no existían o, en el mejor de los casos, eran meras copias. Eso sí, con un gran derroche de imaginación, como el del plano de un colegio que nunca se construyó y que en realidad era una fotocopia del diseño de una cárcel valenciana.

Recuperar el dinero robado se ha convertido en una verdadera obsesión para el Ayuntamiento, que esta semana se ha apuntado un éxito con la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a Julián Muñoz, al abogado Modesto Perodia y al ex concejal Esteban Guzmán a devolver 50 millones de euros por su responsabilidad en las irregularidades contables cometidas entre 1997 y 2000 en la sociedad municipal Contratas 2000. Es difícil saber si los vericuetos judiciales y la lentitud de los procesos permitirán que algún día se llegue a ver algo de todo este dinero, pero al menos reconforta que los tribunales reconozcan a la ciudad su condición de víctima de un latrocinio, y que se sepa también cuánto robó cada uno.