El recientemente nombrado fiscal jefe de Marbella, Luis Ángel Baeza, ha llamado la atención este semana sobre la falta de medios de la que padecen los organismos judiciales en la ciudad. Lo había dicho el día de su toma de posesión en el cargo, pero ahora, ya instalado, desgranó en una entrevista concedida a este periódico los detalles de cuál es la situación en los juzgados. Una plantilla cortísima, los mismos medios que hace años, antes de que el número de asuntos creciera de manera geométrica, y la existencia de varias causas voluminosas y complejas que obligan a desatender los asuntos ordinarios y contribuyen a que el colapso crezca. Todo ello sumado a una gran movilidad de jueces y fiscales. Según asegura, todo el que tiene la oportunidad de marcharse, lo hace. La ciudad tiene su encanto, pero al parecer en cualquier otro destino se trabaja con menos intensidad.

Con las noticias que se han conocido esta semana, los problemas en los juzgados no sólo pueden estar motivados en los jueces que se quieran ir, sino también en alguno que quiera volver. El Tribunal Supremo ha revisado la condena que le fue impuesta al juez Francisco De Urquía por recibir dinero de Roca. Sin cuestionar que efectivamente el magistrado haya cobrado del presunto jefe de la trama de corrupción que envolvía todos los ámbitos de la ciudad, incluida la justicia, los jueces del Supremo han estimado que De Urquía efectivamente cometió un delito de cohecho (soborno, para entendernos), pero no han conseguido convencerse de que incurriera en uno de prevaricación (ser injusto a sabiendas, para entendernos), delito al que también lo había condenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero además ha entendido que el delito de cohecho, que considera probado, tampoco era tan grave como para mantenerle la pena de dos años de prisión que se le había impuesto, ni la multa de 36.500 euros por prevaricación, por lo que la sanción se ha quedado en una multa de 73.800 euros. Esta cantidad es la misma que, según se ha probado, es la que el juez había cobrado de Roca. Es decir, que a De Urquía le sale lo comido por lo servido.

Los razonamientos del Alto Tribunal son tan altos que es difícil que el común de los mortales podamos entenderlos. Por ejemplo, en relación a la decisión de Urquía que originó todo este caso -prohibir la emisión de un programa en una televisión local en el que se criticaba a Roca- sostiene que no está probado que fuese una decisión injusta. Los jueces admiten en el fallo que desconocen el contenido del programa, pero razonan que existían razones para su prohibición porque había sido denunciado ¡por el propio Roca! (los signos de exclamación no vienen en la sentencia; todo lo demás, sí). La decisión del tribunal supone también que los 17 años de inhabilitación con que el TSJA condenó a De Urquía por su grave delito -lo de grave lo dijo el TSJA y seguramente lo piensan algunos ciudadanos de a pie cuyos razonamientos no alcanzan la altura que demuestra el respetable e imparcial Tribunal Supremo a la hora de juzgar a otros jueces- se han quedado en 21 meses. De modo que si De Urquía no tuviera otra causa pendiente -esta por presunto cohecho y extorsión presunta- y quisiera volver a Marbella, el destino judicial del que todos los jueces y fiscales quieren irse, podría hacerlo. De Urquía sólo tendrá que devolver, en forma de multa, los 73.800 euros que Roca le entregó, según el Tribunal Supremo, a cambio de nada.