El litigio lo abrió Gil, pero ello no ha sido obstáculo para que haya habido algo parecido a la continuidad institucional. El Ayuntamiento de Marbella ha rescatado dos sentencias del TSJA, una de marzo pasado y la otra del año 2006, para cargarse de fuerza en la guerra abierta en la Mancomunidad desde que el frustrado asalto del PP al poder al organismo provocara una contraofensiva que se saldó, de momento, con la expulsión de los vocales populares de su órgano de gobierno.

Las sentencias dan la razón al Ayuntamiento en el litigio abierto por el suministro de agua que la empresa pública Acosol, músculo económico de la Mancomunidad, realiza directamente a varias urbanizaciones de Marbella sin la intermediación municipal. Lo que ha resuelto el TSJA es que sólo el Ayuntamiento tiene derecho a dar agua a las viviendas, y todo lo que no sea eso es algo parecido al intrusismo.

En el fondo de esta controversia no sólo hay intereses políticos, aumentados ahora por el altavoz de la bronca de las dos últimas semanas. Hay también una disputa económica. Marbella le debe 31 millones de euros a Acosol por la compra de agua en alta, deuda acumulada, cómo no, durante los años del gilismo (a estas alturas podría crearse un premio para aquél que detecte algún compromiso económico que Gil y sus secuaces hayan cumplido). Pero es que asumiendo por su cuenta la venta de agua a las urbanizaciones, Acosol ha obtenido un beneficio que el Ayuntamiento cuantifica en 9,5 millones de euros. En medio de esta negociación de intereses cruzados es donde ha saltado la crisis política, y aunque ambas partes aseguran que una situación no está relacionada con la otra es bueno tener el cuadro completo para poder sacar conclusiones a medida que se vayan produciendo nuevos acontecimientos.

Y el próximo acontecimiento será la decisión que tomen los ayuntamientos gobernados por el PP acerca de si se quedan o se van de la Mancomunidad. Esta semana hemos sabido -los populares se fueron a Sevilla para anunciarlo, ya que la rémora del centralismo no es patrimonio de un único partido- que han encargado un estudio económico que permita analizar la viabilidad de salirse de la Mancomunidad. Los once municipios que componen el organismo suman una población censada de 477.500 habitantes, de los que 322.000 viven en los cinco gobernados por el PP, y 155.500, en los que hay alcaldes socialistas, de Izquierda Unida o independientes. La aportación económica se hace en función del peso demográfico, pero el reparto del poder es paritario: dos representantes por municipio. Por ello, aunque el PP no tiene peso para imponerse en el órgano de gobierno, sí lo tiene para hacer temblar las cuentas de la entidad.

Irse del organismo que presta servicios tan esenciales como el suministro de agua o la recogida de basura es demasiado complejo como para que la decisión pueda ser tomada alegremente. Ni siquiera Gil se atrevió a hacerlo pese a sus continuos órdagos y amenazas. Lo que sí hizo fue dejar de pagar y que la deuda creciera. Es difícil aventurar cuál de las dos opciones causaría más daño, aunque no está de más recordar que los vecinos no pueden quedar expuestos en el fuego cruzado de esta guerra absurda cuyo origen, no olvidarlo, está en el reparto de sillones y no en diferencias insalvables acerca de cómo se deben prestar los servicios.