En unos días en los que los hoteles hacen todo lo posible para sacar el máximo beneficio del momento álgido de la temporada turística, los trabajadores de Los Monteros se esfuerzan por sobrevivir. La semana anterior sacaron a la calle su protesta, y al día siguiente, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, hizo en voz alta una reflexión que para muchos de quienes han seguido de cerca el conflicto es una evidencia: detrás de la operación de compra del hotel por parte del empresario petrolero ruso Ernest Malyshev no hay un negocio turístico, sino seguramente un afán especulativo. Fernández dijo que la Junta está ya cansada de ofrecer opciones de negociación al dueño del hotel y también de imponerle sanciones administrativas, y que ha llegado la hora de que sea la justicia la que actúe.

No conviene olvidarlo: posiblemente el propietario del establecimiento haya creído al hacerse cargo del hotel que tenía que ganarle el pulso a los trabajadores, pero con la cantidad de iniciativas ilegales que puso en marcha –incluido el propio cierre del establecimiento y la posterior tomadura de pelo de la reapertura ficticia– lo que hizo fue plantearle un pulso a las administraciones. Entre sus muchas actuaciones que provocaron la indignación de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad destacó un comunicado en el que responsabilizaba a los empleados del conflicto y se permitía dar una lección sobre lo que llamaba ‘economía libre’, como si el modelo de desregulación absoluta que ha convertido al suyo en un país con un 40 por ciento de pobres y con una de las distribuciones de la renta más desiguales de todo el continente mereciera ser imitado.

El consejero Fernández ha dicho que espera que la justicia ponga en su lugar a esta persona, pero el resto de las administraciones no deberían desentenderse ni limitarse a declamar su solidaridad con los trabajadores. No es la primera vez que esta ciudad es escenario de un desafío al Estado por parte de alguien que considera que las leyes sólo hay que cumplirlas cuando no interfieren en los negocios. Jesús Gil ya lo hizo, aunque él, a diferencia de Malyshev, acometió el desafío desde dentro de una de las instituciones del Estado. En relación a lo que sucedió entonces, podría decirse que la justicia mostró toda su lentitud –si se desea utilizar una expresión generosa– y su peor cara –si lo que se desea es ajustarse más a lo que sucedió–.
Cuando la justicia se decidió a actuar, los hechos ya se habían consumado, el saqueo se había completado y la ciudad ya había sido puesta en una situación de la que necesitará décadas para recuperarse. Gil se fue de rositas. Con la urgencia que supone la situación de 130 personas que hace ocho meses que no cobran su salario y de un establecimiento fundamental para Marbella que va camino de un deterioro irreversible, la experiencia sobre la agilidad de la justicia no invita al optimismo.