El tren litoral es una prioridad para el Gobierno. Está bien que el ministro de Fomento, José Blanco, haya hecho esa afirmación durante su intervención en el Foro SUR organizado por este periódico el pasado martes. Está bien por dos motivos: primero, porque después de los recortes que como consecuencia de la crisis han sufrido algunos proyectos ya en marcha, hubiese tenido la oportunidad de desechar éste con el mismo argumento. Que tanto vale para subir el IVA, lanzar un globo sonda sobre el aumento de la edad de jubilación o aplazar proyectos en marcha.
La ventaja de los proyectos que una década después de ser anunciados siguen guardados en un cajón es que su ejecución no se puede suspender ni aplazar, ya que no tienen fecha de inicio, y su presupuesto no puede sufrir recorte alguno, ya que no existe.
De modo que el corredor ferroviario de la Costa del Sol sigue en el mismo lugar en el que estaba cuando hace diez años el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, lo situó como uno de los grandes proyectos fundamentales que había que acometer , aunque en aquel entonces el ministro Álvarez Cascos le advirtió de que las infraestructuras ferroviarias son competencia del Estado, y que el tren de la Costa no estaba previsto. Es verdad que en esta década no se ha puesto una sola traviesa, apenas se hicieron unos bocetos de cómo serán las estaciones y el proyecto ha sido, año tras año, el gran olvidado en los presupuestos pese a ser, no año tras año sino una vez cada cuatro años, el reclamo estrella de las campañas electorales. Pero al menos el proyecto, la iniciativa o la idea, que es lo que el corredor ferroviario de la Costa del Sol es de momento, no está peor por culpa de la crisis. Es más, ahora no sólo es una prioridad para la Junta de Andalucía. También lo es para el Gobierno central. Algo es algo.
El ministro repitió el martes no sólo que el tren litoral es una prioridad para el Gobierno, sino también que existe un compromiso de constituir una empresa mixta con la Junta de Andalucía y el capital privado para impulsar el proyecto. No es nada distinto de lo que se viene diciendo en los últimos meses. Concretamente desde que el Gobierno andaluz decidiera reconocer en público lo que resultaba una evidencia: que la administración autonómica no tiene recursos suficientes para afrontar el proyecto y nunca los tendrá, por muy bien que pueda ir la economía en el futuro, y que el Gobierno central está dispuesto a echar una mano, pero no a hacerse cargo de un compromiso que nunca asumió.
A tenor de la experiencia de la última década, en la que el proyecto no ha avanzado ni un centímetro, las afirmaciones del ministro en Málaga pueden tener dos interpretaciones no necesariamente antagónicas: una es que el Gobierno central no lo ha descartado ni se ha desentendido; la otra, que el proyecto no se hará a no ser que exista una movilización social de tal magnitud que obligue a las administraciones, bajo este signo o bajo otro, a afrontarlo de una vez por todas. Seriamente.
Es probable que en próximas campañas electorales se vuelva a hablar del tren litoral. Unos para prometerlo de nuevo y otros para recordar que los periódicos donde el compromiso se recogió por primera vez tienen ya las páginas más amarillas que blancas. Seguramente, más que prestar atención a lo que digan, habrá que exigir a unos que comiencen a dar pasos ciertos de una vez, si es posible antes de renovar sus promesas, y a los otros, que no se queden en la crítica por el incumplimiento, sino que se comprometan a hacerlo si las urnas le dan la responsabilidad de convertir sus propuestas en hechos.
Pero en un caso o en otro, ya ha quedado suficientemente claro que si no hay una demanda social que se haga sentir y un compromiso territorial que vaya más allá de las lealtades partidarias, dentro de otra década el proyecto seguirá siendo un proyecto. Eso sí, prioritario.