La ciudad se ha encontrado esta semana con que el mes puede acabar con dificultad para el pago de las nóminas del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha congelado la llegada de dos millones de euros a las cuentas municipales provenientes de los fondos PIE (Participación en los Ingresos del Estado) y la alcaldesa se ha apresurado a advertir de que sin esa transferencia las cuentas municipales que permiten un normal funcionamiento de la Administración local no cuadran. Ha hecho especial hincapié en las nóminas, cuyo montante mensual es de unos diez millones de euros.
Si hubiese que atribuir la decisión de bloquear la transferencia al flamante gobierno de la Junta de Andalucía, la señal no podría ser más pesimista. Sería un pésimo comienzo para el equipo que se hará cargo a partir de mañana  de la Administración autonómica.
Pero como el desánimo es lo último que en una situación como ésta podemos permitirnos, optemos por creer que el acto de hostilidad ha sido el último del gobierno andaluz en funciones que ya ha pasado a la historia y pensemos que a partir de ahora, con un ejecutivo que tiene cuatro años por delante, la confrontación en ambas direcciones dará paso a una política de mutua colaboración, aunque la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, responsable última de la decisión en el anterior gobierno sigue al frente ahora de esa responsabilidad. Mantiene mando en plaza, seguramente sin cambiar de criterio.
La decisión de congelar la transferencia está fundamentada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de un compromiso financiero: el pago del plazo correspondiente al primer trimestre de este año previsto en un acuerdo firmado en 2010 para la devolución en diez años del préstamo de 100 millones que la Junta hizo a la ciudad cuando en 2006 se disolvió el Ayuntamiento. La institución municipal tenía que abonar 1.850.000 euros el pasado 20 de marzo, y como no lo hizo, la Junta ha bloqueado la transferencia que, aunque viene del Estado, pasa por sus cuentas antes de llegar a los ayuntamientos.
¿Tiene fundamento legal la Junta para obrar de esa manera? La respuesta la darán los tribunales si, como es previsible, el Ayuntamiento de Marbella lleva el asunto a los juzgados.
¿Tiene explicación desde el punto de vista financiero? Sin duda. Si la situación de las cuentas municipales es comprometida, las de la Junta de Andalucía no están en un estado mucho mejor. Ahí puede comenzar a encontrarse una explicación de la decisión asumida, con todo lo triste, preocupante y poco edificante que resulta para los ciudadanos ver a dos administraciones públicas peleándose por su dinero (el de los ciudadanos, no el de ellos), en lugar de esforzarse en llegar a un acuerdo.
Si las negociaciones sobre este asunto se desarrollaron tal y como las relató Ángeles Muñoz en su comparecencia del pasado viernes –y no hay por qué creer que no fue así a la luz de la negativa de los responsables de la Junta a dar su explicación sobre el tema más allá de admitir que, efectivamente, los fondos han sido bloqueados–, lo que subyace tras la decisión es poca voluntad de entendimiento y una prisa desesperada de ir a por el dinero.
Resulta muy ilustrativo que la Junta de Andalucía encuentre vericuetos legales para aplazar el abono de la deuda que mantiene con el Ayuntamiento por el impago de impuestos municipales –vaya ejemplo que se da a los ciudadanos– y se muestre inflexible a la hora de quedarse con los fondos de un ayuntamiento en dificultades.
La desesperación –o seguramente sea más justo decir la dificultad para pensar en el medio plazo ante la necesidad de resolver lo inmediato– que han mostrado los responsables de la Junta para quedarse con los dos millones de euros cuya falta pondrá en aprietos al Ayuntamiento de Marbella no debe ser muy diferente a la que llevó a Ángeles Muñoz a firmar en 2010 un acuerdo con la consejera de Economía que contemplaba la devolución total del préstamo en 2020. El acuerdo preveía que Marbella pagara 550.000 euros al trimestre durante 2010, 650.000 al trimestre en 2011, 1.850.000 euros al trimestre durante este año, 3.050.000 euros al trimestre el año próximo… y así en progresión hasta alcanzar los siete millones y medio de euros al trimestre en 2020, año en el que la deuda quedaría saldada.
La alcaldesa sabía entonces, como sabe ahora, que el Ayuntamiento no podría hacer frente a ese compromiso cuando la cuota trimestral pasara de los seis a los siete dígitos. Pero en sus planes no figuraba el incumplimiento del compromiso rubricado, sino tener a estas alturas a un compañero de partido con mando en la Junta con quien sentarse para renegociar la deuda como ya lo hizo con Cristóbal Montoro para refinanciar lo que Marbella debe al Estado. El resultado de las elecciones autonómicas destrozó esos planes y el Ayuntamiento, más allá de las dificultades que afrontará este mes, se encuentra ante la necesidad de tomar decisiones.
Se puede mantener el equilibrio presupuestario a base de malabarismos durante un tiempo si se divisa una perspectiva de cambio en un horizonte a medio plazo.  Pero ya no estamos en esa situación, y por lo tanto los malabarismos deberían dar lugar a la toma de decisiones. Aplazar la resolución de los problemas lo único que hace es agravarlos.