La imagen de los diputados el pasado jueves abandonando el hemiciclo en estampida, sin recato ni disimulo, incluso antes de que se contabilizara la votación, para zambullirse con algunas horas de adelanto en un puente del que no podrán disfrutar seis millones de conciudadanos es la prueba más palmaria de que la mayor parte de los políticos no se ha enterado de nada. Que consideran que el descrédito que sufren es una foto pasajera de las encuestas, que ese estado de opinión cambiará tan pronto como la mejora que se anuncia en la economía se deje sentir en los bolsillos de las familias (si es que llega ese momento), y que en definitiva el asunto no va con ellos. Que no tienen nada que cambiar y que pueden seguir actuando como hasta ahora sin que la erosión que por su culpa sufren los cimientos del sistema de convivencia acabe por poner todo patas arriba.
No es el único ejemplo de irresponsabilidad que hemos tenido en los últimos días. Ha habido otro mucho más cercano: el ‘escrache’, acoso o protesta montado, con destacada participación marbellí, por cargos (públicos y de confianza) del PP contra la presidenta de la Junta en plena celebración del aniversario del Museo Picasso, nada menos, y la reacción posterior tras el incidente, unos para no reconocer su error de bulto, otros para exagerarlo y sacar así el mayor rédito posible. Un dirigente de Izquierda Unida, para que apreciemos el nivelito, llegó recordar los fusilamientos de la posguerra.
Mala noticia: estos ejemplos, que tienen la virtud de desnudar ante el gran público de una manera simple y gráfica la degradación y la vulgaridad que ha alcanzado la actividad política no son meras anécdotas, sino la expresión pública de lo que se cuece entre bambalinas, fuera del alcance de la vista de todos.
Esta semana, la presentación de los presupuestos municipales de Marbella ha permitido saber que el interventor municipal ha puesto un reparo. El Ayuntamiento ha reservado solo tres millones de euros para cumplir con el plazo de 2014 correspondiente al crédito de 100 millones que la Junta concedió en 2006 tras disolverse la corporación municipal, aunque el acuerdo firmado establece un pago de 17,8 millones. El interventor ha venido a decir que si lo firmado son 17,8 millones hay que hacer una reserva por esa cantidad, aunque sea mayor a lo previsto para las inversiones de todo el ejercicio.
Antes de irse, el entonces presidente Griñán llegó a un acuerdo con la alcaldesa que permitió al Ayuntamiento reducir la cantidad a pagar en 2013, y Ángeles Muñoz confiaba en renovarlo. Pero desde que cambió el gobierno andaluz los responsables municipales no han conseguido saber qué planes tiene la nueva consejera de Hacienda sobre el cobro de la deuda. En realidad ni siquiera han conseguido que responda a las múltiples cartas que se le han enviado. Ni soñar con que su secretaria coja el teléfono y concerte una reunión.
Puede ser discutible la postura municipal de reservar solo tres millones cuando el acuerdo firmado establece un pago de 17,8. Pero no más discutible que la tozudez de la Junta por mantener unas condiciones de cobro firmadas en el escenario económico anterior a la crisis y sobre un crédito que se concedió a partir del reconocimiento de una deuda inversora equivalente a la cantidad prestada.
Si la consejera de Hacienda está por la labor de llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda debería decirlo ya. Y si no, también. Lo que no es aceptable es la descortesía institucionalizada, el cálculo descarado sobre el rédito político que se puede obtener al mantener en la incertidumbre a una ciudad mientras se ahoga financieramente al ayuntamiento porque está gobernado por la siglas del adversario. La misma queja de la Junta contra el Gobierno español vale para el Ayuntamiento de Marbella en relación con la Junta. En esto, como en los escraches, no puede haber dos varas.
El sentido común diría que no se puede tener en vilo a una ciudad y a sus vecinos. Pero es el sentido común de quienes no salen corriendo atropelladamente de su trabajo antes de terminarlo por más puente que haya, ni le montan un encierro o un escrache en la puerta a un vecino porque debe tres cuotas de comunidad, ni relatan una mera discusión como si hubiese estallado la Segunda Guerra Civil.
Hay instancias –altas o bajas, a estas alturas no se sabe– donde el sentido de la lógica, de la responsabilidad e incluso de la decencia está visto que es otro.