Los datos de empleo del mes de junio han venido a confirmar dos realidades que no por opuestas son contradictorias entre sí. La primera, e indudablemente positiva, surge de comparar los intervalos interanuales y revela que se ha entrado en una dinámica positiva más allá de las lógicas estacionales. Hay un 5,67 por ciento menos de parados que hace un año. La segunda es que a este ritmo nos queda por delante un horizonte aún muy largo con un porcentaje de paro insoportable, con muchas personas que ya no volverán a trabajar y otras muchas que solo podrán hacerlo si ponen tierra de por medio. Este ejército en la reserva de parados, además, constituye la mejor garantía de que las condiciones de los trabajos que se consiguen no se acerquen ni por asomo a las que se disfrutaban seis o siete años atrás y a las que cualquier sociedad avanzada que se precie debe aspirar para sus relaciones laborales. Marbella, pese a sus buenos datos, a la temporada turística que cada año resulta afortunadamente más extendida en el tiempo, a su mejor porcentaje de desempleo en relación con el resto de la provincia de Málaga y con el resto de Andalucía, tampoco escapa a esta situación. Es probable que la llegada de turistas más allá de octubre, según se prevé, permita atenuar la pendiente en la que volverá a entrar el empleo cuando concluya el verano, pero estos datos no hacen más que poner en evidencia la necesidad de persistir en la búsqueda si no de un nuevo modelo productivo sí al menos de máxima potenciación de los recursos disponibles. Este periódico se hizo eco la semana pasada del incomprensible olvido del Ministerio de Hacienda en su anteproyecto de reforma fiscal de las medidas que habían sido recomendadas en el informe de la comisión de expertos presidida por Manuel Lagares para favorecer la llegada de nuevos residentes de alto poder adquisitivo y con ello el despegue del turismo residencial. El informe recomendaba medidas que hubiesen permitido aumentar la recaudación al atraer a España a nuevos residentes y no suponían merma alguna en los ingresos de Hacienda, pero el ministro, Cristóbal Montoro, que unas semanas antes se había comprometido en Málaga a incluirlas, optó por no hacer caso a los expertos a los que él mismo había pedido opinión. Esta omisión, el incumplimiento de su compromiso por parte del ministro Montoro, no ha hecho más que espolear la movilización de todos los sectores económicos que tienen alguna relación con el turismo residencial –que es como decir a toda la economía de la provincia de Málaga–, que ya han anunciado que moverán lo que esté en su mano para conseguir que en el trámite parlamentario las medidas se incluyan en la ley. Sin embargo, los partidos políticos, unos por no confrontar con sus jefes en Madrid, otros porque están dedicados a sus cosas, han pasado de puntillas sobre este asunto. Como si no existiera. Ni uno solo de los grupos políticos de Marbella se han pronunciado, y va llegando la hora se saber qué hará cada uno cuando llegue el momento de la tramitación parlamentaria. El turismo residencial, con toda su potencia para generar riqueza y empleo, es un fenómeno localizado en muy pocas zonas de España. Una de ellas es la Costa del Sol. Es verdad que por infraestructuras y clima, gran parte de las ciudades españolas, comenzando desde luego por Madrid y Barcelona, podrían competir con sus pares europeas, pero para ello es necesario un régimen fiscal que permita hacerlo. Y solo desde un lugar como la Costa del Sol, donde a pesar de las desventajas competitivas el fenómeno existe, se puede explicar en qué consiste este fenómeno y cuál es su importancia. Por eso es fundamental que los partidos se pronuncien desde aquí para que los escuchen sus compañeros de Madrid. De momento nada de eso ha sucedido, por lo que es atinado preguntarse por qué. Y exigir claridad. Quien crea que el cambio propuesto por el informe Lagares, que impulsa medidas fiscales atractivas para los extranjeros que se establezcan en España, son inaceptables porque beneficiarían a personas con alto poder adquisitivo deberían decirlo. Quienes estén a favor aunque su partido en Madrid se haya olvidado también deberían retratarse. Y quien crea que el turismo residencial no es el modelo que debemos elegir para salir de esta situación de 25 por ciento de paro en Marbella y de diez puntos más en la provincia de Málaga debería explicar cuál es su modelo alternativo y cómo se alcanza. Una de las máximas demandas ciudadanas en este momento de crisis política estriba en la transparencia. Y no hay transparencia mayor que los ciudadanos sepan qué ideas tiene cada uno. Si es que hay ideas. Porque frente a esta omisión, hay quienes no se han escondido. La CEA, con su presidente, el malagueño Javier González de Lara, se ha puesto a la cabeza de la reivindicación y ha anunciado que movilizará a la CEOE para que la posición de los empresarios españoles sea clara y nítida. También se sabe que hay profesionales del sector que van a pedir al presidente provincial del PP y del Patronato de Turismo que intervenga para conseguir un cambio en el que la economía de la provincia se juega mucho. Pero es necesario que la política se retrate. Así como el Ayuntamiento, y concretamente la alcaldesa, se atribuyó en su día con justicia parte del mérito de que el informe Lagares incluyera las propuestas que tanta ilusión despertaron, ahora debería también levantar la voz. Es ahora o nunca, y nadie debería ponerse de costado.