La polémica desatada la semana pasada a raíz de la aprobación en el Senado de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que permitirá que las multas que cobre la Administración central por las sentencias del ‘caso Malaya’ y otras causas de corrupción sirvan para reducir la deuda municipal bien podría valer como argumento de un vodevil. Pero es más útil y pedagógico entenderla como metáfora de las reglas no escritas del funcionamiento de la política. La lección no es nada edificante.
La recuperación del dinero sistemáticamente saqueado por los ladrones que gobernaron el Ayuntamiento entre 1991 y 2006 es desde hace años un tema constante en el debate político municipal, lo que no quiere decir que se haya convertido en un asunto que concite el consenso y el accionar conjunto de todos los partidos al margen de sus intereses electorales. Para los partidos, la prioridad es el rédito. Todo los demás viene después.
Esta semana el Senado aprobará los Presupuestos con la enmienda que permite a Marbella estar en condiciones de recuperar su dinero, y lejos de suponer un hito que haya puesto a la ciudad en disposición de preguntarse cuál es el próximo paso que debe darse para que esa posibilidad se convierta en realidad, a lo que se ha asistido es a una bronca monumental con acusaciones de grueso calibre que demuestran que sea cual sea el asunto que se trate, los partidos van a lo suyo.
Y lo suyo no es la acción o la iniciativa que suponga un beneficio para la ciudad, sino una batalla por colgarse la medalla que no hace más que desanimar a la ciudadanía y alejarla de cualquier cuestión que tenga que ver con la política.
Para entender de qué se está hablando es necesario remitirse al año 2006, cuando la gestora se hizo cargo del Ayuntamiento y se encontró, entre otros pufos, con una deuda de cerca de 300 millones de euros acumulada con Hacienda y la Seguridad Social durante los 15 años de cleptocracia gilista. Esa deuda habría supuesto la inviabilidad económica del Ayuntamiento si cuatro años después el anterior equipo de gobierno municipal no hubiese alcanzado un acuerdo con el Gobierno central –uno de esos acuerdos entre instituciones que lamentablemente sólo son posibles cuando ambas están gobernadas por el mismo partido, si no ni soñarlo– que permitió refinanciar la deuda a 40 años con un interés del 1 por ciento. Este acuerdo, superlativamente ventajoso para el Ayuntamiento y que fue recogido en una enmienda a los Presupuestos de 2010, preveía en uno de sus artículos que las cantidades que el Ayuntamiento fuese cobrando con la ejecución de las sentencias de los juicios por corrupción se destinaran a reducir la cuantía de esa deuda estratosférica. La condición de acreedor del Ayuntamiento de los eventualmente condenados en cientos de procedimientos fue una de las escasas armas municipales en estas largas negociaciones y lo que permitió llegar a una refinanciación con un periodo de amortización tan largo.
Sin embargo, sucedió que el cobro de las sentencias no fue tan sencillo como cabía esperar. Los protagonistas del saqueo, con Roca a la cabeza, se habían valido de una red de sociedades y testaferros que hizo que en los procedimientos por los que a la larga serían condenados con sentencias que tenían al Ayuntamiento como perjudicado no hubiesen ni fondos ni propiedades inmovilizadas con las que hacer frente a esos pagos. Las sentencias de las causas más sonadas sirvieron como reparación moral y para saber qué había pasado, pero no para recuperar lo robado.
Hasta que llegó ‘Malaya’. La propia naturaleza de la operación permitió, en este caso sí, inmovilizar cuentas y propiedades. Pero la sentencia, en su mayor parte por delitos de blanqueo, no situó al Ayuntamiento como perjudicado, sino al Estado.
Los servicios jurídicos municipales llevan años batallando frente al Estado para que los bienes incautados en ‘Malaya’ sean destinados al pago de las indemnizaciones de los otros casos, pero la enmienda aprobada ahora en el Senado facilita mucho la situación. En ella se reconoce el derecho de la ciudad a que las multas que cobre el Estado por ‘Malaya’ vayan a reducir la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.
La ciudad debería comenzar a plantearse cómo hacer para que la sentencia se ejecute cuanto antes, porque los bienes incautados son cuantiosos. Cualquiera que se haya tomado la molestia de leer la sentencia habrá visto que la fortuna inmovilizada a Roca suma 200 millones de euros. Ése debería ser el objetivo municipal, más allá de celos o de medallas
En lugar de eso, los partidos se han metido de lleno en la batalla por conseguir el rédito, sin entender que por delante queda mucho trabajo. El PSOE es incapaz de reconocer que la enmienda introducida en el Senado es una gran victoria para la ciudad, independientemente de que el dinero que se vaya ingresando irá a reducir el montante total de la deuda y no los pagos inmediatos que debe realizar el Ayuntamiento, como reclamaba el alcalde. El PP jamás va a reconocer que la enmienda tuvo que presentarse en el Senado porque unos días antes se había rechazado una iniciativa en el mismo sentido presentada por el PSOE.
Lo que ha hecho el PP en el Senado no es un servicio desinteresado a Marbella, aunque la torpeza con que lo comunicaron les haya impedido capitalizarlo, pero tampoco es una traición.
El alcalde ha aducido que lo aprobado es mucho más desfavorable para la ciudad que un acuerdo que él había conseguido del ministro en una conversación telefónica. Que lo denunciara acompañado por el secretario provincial del PSOE explica hasta qué punto lo partidista le ha ganado el pulso a lo institucional.
Desde el PP han negado que existiera ese acuerdo y hasta han puesto en duda la existencia de la conversación. Durante el pasado jueves intentaron, sin conseguirlo, que el Ministerio la desmintiera. El desmentido nunca llegó, pero tampoco resulta verosímil pensar que un acuerdo de este calado, con cientos de millones de euros en juego, se pueda alcanzar sin un solo papel por medio y con una charla telefónica. Si el alcalde creyó que con la conversación bastaba es que aún no ha aprendido cómo funcionan estas cosas.
La enmienda aprobada dibuja un escenario nuevo y abre una gran oportunidad para la ciudad, pero quedan muchas cosas por hacer. Entre ellas conseguir que el Estado ponga su maquinaria en marcha para que el fruto pueda comenzar a recogerse en cuanto el Tribunal ejecute la sentencia. También conseguir que se concrete a qué otras sentencias, además de ‘Malaya’ es aplicable el acuerdo. Quizás, aunque tengamos unas elecciones a la vuelta de la esquina, sea el momento de dejar las peleas para otro momento.