Había un choque de principios y se impuso el pragmatismo. El gobierno municipal ya puede presumir de haber conseguido la paz social en el Ayuntamiento y, en clave más interna, de haberse congraciado con una fuerza fáctica que tuvo un papel relevante en el vuelco político que experimentó la ciudad en las elecciones municipales del año pasado.
El alcalde, José Bernal, y los sindicatos estaban enfrentados en una cuestión que a simple vista podía parecer secundaria pero que por la forma en que se había planteado parecía de casi imposible solución. Bernal se negaba a que en el nuevo convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento siguiera figurando el seguro médico privado concedido por Jesús Gil en la época en la que los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella eran un botín disponible para quien demostrara tener menos escrúpulos. Pero para los sindicatos ese mismo seguro, que se encontraba de hecho suspendido porque no había póliza contratada, constituía un derecho reconocido por dos sentencias al que no se podía renunciar sin más. Este choque mantuvo en apariencia bloqueadas las negociaciones mientras se negociaba a resguardo de los focos.
Más allá de que posiblemente el manual del buen sindicalista debe decir que no se renuncia por las buenas a un derecho reconocido, incluso el más amoral de los negociadores debía ser consciente de que reclamar que una institución pública pague a sus empleados un seguro médico privado hurta a los representantes de los trabajadores de la más mínima referencia. No sólo porque los aleja de los principios que supuestamente deben defender, sino porque les arrebata cualquier posibilidad de construir un discurso o un relato coherente para defender sus propias reivindicaciones.
En un país que goza afortunadamente de un acceso universal a la sanidad pública y en un momento político en el que lo público ha sufrido constantes ataques desde el poder político, ¿cómo puede defenderse desde un sindicato de trabajadores públicos un acuerdo que conspira contra un servicio y un derecho esencial?
El acuerdo alcanzado ha obligado a inventar una palabra –un ejercicio por el que los políticos parecen sentir debilidad–, la ‘inaplicación’ del seguro. En esa situación se mantendrá hasta el mes de diciembre, cuando comience la negociación por el nuevo convenio colectivo en el que los trabajadores seguramente recuperarán derechos perdidos y al mismo tiempo tendrán que decir adiós a un privilegio del que de hecho hace tiempo que no disfrutan.
Los sindicatos contaban con dos sentencias que avalaban su postura y al mismo tiempo suponían una espada de Damocles para las frágiles cuentas del Ayuntamiento. Pero al mismo tiempo sabían que mantener la demanda de que el seguro médico privado sobreviviera era una postura insostenible. Posiblemente por ello se haya llegado a un acuerdo en el que ambas partes salvan la cara y que de alguna manera pone fecha de caducidad a un despropósito que nada tenía que ver con los legítimos y muchas veces vilipendiados derechos de los trabajadores.

La Bajadilla
Cuenta atrás para otro despropósito
Si algo faltaba para terminar de asumir que toda la trayectoria del jeque Al-Thani en relación con el puerto de La Bajadilla ha sido un soberano despropósito, esta semana hemos tenido un cruce de comunicados que demuestra hasta qué punto llega el enfrentamiento entre el dueño del Málaga y los socios que se había buscado para el proyecto de ampliación.
Como Al-Thani parece no hacerse cargo nunca de sus decisiones ni de las que se toman en su nombre, no se sabe si fue decisión suya o de alguno de los colaboradores que al parecer sistemáticamente lo traicionan, pero el hecho es que hace algunos meses, al mismo tiempo que tomaba el control del Málaga, el grupo Satli –del empresario Jamal Satli Iglesias– se hizo con la gestión de la concesionaria y tomó las riendas del proyecto del puerto de La Bajadilla. Colocó a uno de sus directivos, Gonzalo Hervás, como administrador de la sociedad concesionaria NAS Marbella, se hizo cargo de la gestión diaria del puerto, intentó redefinir el proyecto con una distribución diferente del suelo comercial y más aparcamientos, anunció obras de estudio sobre el terreno, comenzó a promocionar el puerto en ferias especializadas para comercializar los futuros locales y avisó al autor del proyecto que consideraba que sus honorarios eran muy elevados y por ello no los iba a cobrar aunque lo avalara un contrato firmado. Esto último abrió un conflicto que acabó en los tribunales y con las acciones de la concesionaria embargadas y bajo administración judicial. Tampoco consiguió que la Junta le permitiera redefinir el proyecto.
Cuando estalló el conflicto sobre la propiedad del Málaga, este grupo no se preocupó mucho en esconder que su aspiración no estaba en el fútbol sino en el puerto y en ello posiblemente resida la clave del comunicado enviado el pasado miércoles, cuando en nombre de NAS Marbella arremetió contra las instituciones, las acusó de deslealtad por buscar nuevos inversores y de filtrar información con interés «claramente malicioso» y posiblemente delictivo.
El jeque se apresuró en desmarcarse de ese comunicado y en desautorizar para hablar en nombre de NAS Marbella a quienes a estas alturas posiblemente ya habría que considerar exsocios.
Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión en el Ayuntamiento e intentó saber quién era su interlocutor en el puerto no encontró ningún papel que acreditara al grupo Satli como parte de la sociedad concesionaria. Sin embargo, uno de sus directivos figura como administrador. Este periódico está intentando sin éxito desde el jueves pasado obtener una explicación de esa sociedad.
La pregunta a estas alturas ya no es si la actual concesionaria hará algún día las obras. La situación es mucho más dramática: no existe certidumbre sobre quién es en realidad la concesionaria. Posiblemente haya que celebrar que la Agencia Pública de Puertos haya puesto fecha de caducidad a esta concesión malograda y que las acciones estén embargadas y bajo administración judicial. Sólo resta esperar que antes de que venza el plazo aparezca alguien con el mínimo de seriedad indispensable.

Política municipal
Las preguntas de la semana
-¿Alguien creía que los partidos iban a estar dispuestos a apagar el ventilador en pleno camino hacia las urnas?
-¿Era muy difícil prever que el asunto de las lindes iba a volver a aparecer en plena campaña electoral?
-¿El nuevo desmarque de Podemos del equipo de gobierno tiene alguna relación con la precampaña electoral?