Los límites que cada uno se va autoimponiendo por la fuerza de la costumbre y que acaban por ser un obstáculo para afrontar situaciones nuevas son conocidas desde hace años por una definición a la que continuamente recurren asesores, instructores y quienes ejercen un oficio más o menos nuevo que se reconoce bajo el anglicismo de ‘coaching’. A esa frontera que muchas veces la inercia de la rutina impide traspasar se la define como ‘zona de confort’. También existe en la política.
El martes pasado el alcalde de Marbella, José Bernal, pasó un mal rato cuando participaba de un acto electoral en su barrio de Leganitos junto al secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Dos vecinos se acercaron atraídos por la presencia de las cámaras y comenzaron a increparlo por supuestas promesas realizadas cuando Bernal no era alcalde, sino candidato y jefe de la oposición. El acto no se interrumpió y continuó como si las voces de quienes protestaban no se escucharan.
No hubo en aquella escena nada que supusiera una gran novedad. Resulta bastante habitual que cuando los políticos visitan los barrios la presencia de las cámaras se convierte en un imán para quienes ven la posibilidad de salir del anonimato durante un instante. Algunas veces caen lisonjas y en otras, como el martes pasado, reproches.
La actitud de los espontáneos no constituye un termómetro de nada, ni cuando elogian ni cuando recriminan, pero posiblemente a un año del relevo en la Alcaldía es posible que para José Bernal la anécdota escenificada en el barrio donde nació y creció haya tenido cierto amargo carácter simbólico. Todo debe verse más fácil desde el ingrato escaño de la oposición que desde el cómodo pero difícil sillón de la alcaldía.
El próximo viernes se cumple un año de la toma de posesión del actual equipo de gobierno y resulta difícil afrontar siquiera un primer análisis sin asumir que el paisaje que los miembros del tripartito se encontraron cuando llegaron se asemeja seguramente muy poco al que imaginaban desde los escaños de la oposición, en parte porque desde ahí todo parece más fácil y en parte también porque durante estos 12 meses surgieron contratiempos que con toda seguridad no se esperaban.
Algunas de estas contrariedades no son en absoluto atribuibles al actual equipo de gobierno. Entre ellas lo más importante y trascendente que ha sucedido en este primer año de mandato municipal: las sentencias que anularon el Plan General de 2010 y que pusieron al urbanismo de la ciudad en una situación que muy probablemente no se podrá resolver, siquiera, en los tres años que todavía restan. Con las historia tan traumática que arrastra la ciudad en esa materia posiblemente no tenga mayor sentido señalar a estas alturas responsabilidades exclusivas por la anulación de un Plan que fue elaborado bajo la supervisión de la Junta de Andalucía y aprobado por el equipo de gobierno del PP y con el voto favorable del PSOE. Lo que sí podría evaluarse es cómo se está afrontando la situación creada y ante eso posiblemente no quepa más que decir que el Ayuntamiento, con los recursos de los que dispone, está haciendo lo que puede.
Algo parecido puede decirse del segundo gran contratiempo sobrevenido: la sentencia que echó por tierra el convenio colectivo del Ayuntamiento y que obligó al equipo de gobierno a negociar en situación de desventaja y a retrasar la elaboración de los presupuestos.
Que los dos principales contratiempos del primer año de mandato hayan sido consecuencia directa de la herencia recibida no deja de ser significativo, aunque ello no excluya otras contrariedades sufridas por el equipo de gobierno municipal que demostraron que gobernar no era tan sencillo como parecía. De las derrotas sufridas no ha sido la menor la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del proceso de nombramiento de directores generales después de que la Abogacía del Estado denunciara el reglamento municipal que le daba amparo. Desde su llegada, el gobierno municipal tuvo serias dificultades para armar su organigrama, que por un lado situaba en cada área del Ayuntamiento a cargos de confianza –una práctica criticada desde la oposición y asumida sin complejos desde el gobierno– y por el otro atribuía a los habilitados nacionales unas funciones que, como se ha visto con la reciente renuncia del secretario municipal a la jefatura de la Asesoría Jurídica, excedía largamente sus atribuciones y su capacidad de trabajo dados los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. Esta dimisión fue el corolario a una serie de tropiezos que comenzaron con un inicio de mandato desordenado, en el que asesores externos asumieron funciones en el Ayuntamiento antes siquiera de que un contrato amparara su función y que termina, un año después, con todo el organigrama de la dirección del Ayuntamiento cogido con alfileres y pendiente de decisiones judiciales.
Con tantas dificultades en el funcionamiento interno y su lógica repercusión en la gestión de los asuntos municipales no llama la atención que desde el gobierno municipal se mantenga la tensión sobre asuntos que se impulsaron desde la oposición, que ya tuvieron su rédito electoral y que aún se mantienen vivos, como los debates sobre el patrimonio de la exalcaldesa o sobre el ya archivado expediente de alteración de lindes con Benahavís.
No es que no sean cuestiones trascendentes. Es más, sería sano y deseable que de existir responsabilidades, políticas o penales, se depuraran con todo el rigor que merecieran. Pero la trascendencia que se les sigue dando desde el equipo de gobierno y sus altavoces y el esfuerzo por mantenerlos en el primer plano de la actualidad lleva a deducir que están interesados en convencer al PP de que debe iniciar un proceso de recambio. Aunque quizás sólo sea que están a gusto ejerciendo de oposición de la oposición. Como si la inercia les llevara a permanecer en esa zona de confort en la que parecen cómodamente instalados.