PARA un neófito en temas de derecho es difícil valorar si el instructor del ‘caso Malaya’, Óscar Pérez reúne otros méritos, pero no se puede negar que se trata de un juez valiente. Posiblemente le falte prudencia, pero no osadía. En la semana en que toda la administración de justicia de este país está siendo objeto de justificada descalificación por su lamentable cadena de errores que terminó con el cadáver de una niña de tres años flotando en la Ría de Huelva, el magistrado se ha atrevido a tomar la decisión más polémica del ‘caso Malaya’. Ha entregado a Juan Antonio Roca la llave de su celda a cambio de un millón de euros.

Se trata de una decisión arriesgada, y el propio juez –que en otras resoluciones anteriores ha demostrado que su forma de entender la justicia en nada se parece a la de su antecesor, Miguel Ángel Torres– parece reconocerlo en el propio auto. En el escrito, que los lectores de SUR pudieron leer en su totalidad en ‘diariosur.es’, el juez Pérez reconoce que Roca tiene que hacer frente a numerosos y graves procedimientos penales en España y admite que es razonable pensar que dispone de fondos en paraísos fiscales. Dos argumentos convicentes para suponer que existe un alto riesgo de fuga, aunque el magistrado los contrapone a otros que considera de más peso, como que tiene también una cuantiosa fortuna en España –unos 200 millones de euros– y que en sus procesamientos anteriores nunca dejó de comparecer ante la justicia cada vez que se le requirió. Así, fija la fianza del millón de euros, y el lector podrá legítimamente preguntarse si el pago de esa cantidad no sería en sí misma una confesión en toda regla, habida cuenta de los reducidos ingresos que Roca declaraba como asalariado del Ayuntamiento.

Pero hay otra confesión no de Roca, sino del juez, y está en el propio auto. El magistrado reconoce implícitamente que existe un alto riesgo de que Roca intente escaparse, y por eso, además de obligarle a comparecer diariamente y de retirarle el pasaporte, le impone una inusual orden de alejamiento de cualquier aeropuerto público o privado. El juez ha dictado una resolución con toda la legitimidad para hacerlo, pero lo ha hecho en oposición al criterio del fiscal y de las acusaciones, y seguramente del de gran parte de la sociedad. El sentido común invitaría a pensar que Óscar Pérez sabe que si Roca se escapa se llevará con él su futuro en la magistratura. Aunque viendo cómo funciona la justicia posiblemente sea aventurado afirmar semejante cosa. Si el juez que no encarceló al supuesto asesino de la niña de Huelva todavía sigue en su cargo, quienes están obligados a impartir justicia tienen razones para creer que los errores, por más graves que sean, les salen gratis.