«Esta bomba no estallará en mis manos». No es difícil imaginarse a Ángeles Muñoz en plan Escarlata O’Hara, poniendo a Dios como testigo de que no será ella quien cargue con el coste político del Plan General. Hace tiempo que la alcaldesa se hizo a sí misma esa promesa. Posiblemente desde que se vio obligada desde su mayoría absoluta a aprobar un Plan redactado por la Junta para evitar que se la acusara de eternizar la situación de incertidumbre heredada del GIL. 

Esta semana se conocieron algunas pistas de cómo tiene previsto cumplir su promesa. No la que hizo a los electores, que también, sino a sí misma: «No seré yo quien se trague este sapo».

El Ayuntamiento de Marbella recorre la fase final de la tramitación del PGOU y la resolución de las cerca de nueve mil alegaciones pone al equipo de gobierno ante la obligación de tomar una decisión. O se defienden los intereses comunes y se reclama hasta el último centímetro de suelo que los promotores le hurtaron a la ciudad con la complicidad de la pandilla que gobernaba bajo la sigla GIL o se defiende a los propietarios de los pisos que se niegan a hacerse cargo de la deuda una vez que los promotores han huído con el botín. Para la primera opción basta con asumir el Plan de la Junta sin cambiar una coma y comenzar la desgastante tarea de hacer realidad lo que ahora es una ciudad de las maravillas pintada en un plano. La segunda requiere buscar una fórmula que permita camuflar más o menos dignamente un borrón y cuenta nueva. Entre el derecho de la ciudad a recuperar lo perdido y el de los llamados ‘compradores de buena fe’ de pisos ilegales a que esas cargas no pesen sobre ellos, el equipo de gobierno municipal ha optado decididamente por defender el segundo. 

Su postura es la de buscar en el desarrollo del nuevo Plan los terrenos necesarios para los equipamientos públicos. Es decir, no cobrar la deuda de suelo pendiente. 

público o privado

Entre la preservación de lo público (cuya definición siempre es etérea, y su defensa nunca levanta grandes entusiamos), y la protección de legítimos intereses particulares (bien definidos y que además se defienden con uñas y dientes), tan legítimo es priorizar una opción como la otra. Más en un partido cuya definición ideológica –que tanto revuelo causa en estos días–, está más cerca de lo segundo que de lo primero. Por eso no llama tanto la atención el anuncio municipal como el silencio del PSOE.

Bien es cierto que a los llamados compradores de buena fe también se los podría denominar ‘compradores desinformados’, ‘compradores negligentes’  y aún ‘compradores oportunistas’ –basta con revisar las hemerotecas para saber que se trata de personas que o no estaban al tanto de las denuncias que se hacían contra muchas promociones porque no leían los periódicos, o estaban al tanto, pero les daba igual–; pero también es cierto que a la alcaldesa se la podrá criticar por la postura que ha tomado, pero no por no haber avisado. Ya antes de las elecciones Ángeles Muñoz se mostraba reacia a asumir el sistema implantado por la Junta, por lo que no se puede decir que sea una opción sobrevenida. Se la podrá acusar con más o menos razón de no defender los intereses públicos, pero no de haber dicho una cosa primero y hacer otra después.

El problema será ahora decidir cuándo se cobra al promotor y cuándo no. La postura adoptada por el Ayuntamiento se parece tanto al borrón y cuenta nueva que va a ser muy difícil poder evitar que se convierta en un coladero en el que quepan tanto los compradores engañados como los timadores que se han forrado, por supuesto sin arrepentirse de ello.