Pocas veces han llovido en este periódico tantos mensajes de lectores indignados, y seguramente pocas veces ha habido tanto motivo para la indignación. Miles de conductores atascados durante horas en pleno verano. No por un accidente, sino por la desidia de una administración y la falta de escrúpulos de una empresa
El monumental atasco provocado el pasado lunes por la caída de un puente peatonal, la tardía reacción de Fomento, la falta de coordinación y, sobre todo, la irresponsabilidad de los gestores de la autopista de peaje, no sólo puso de manifiesto la ausencia de un protocolo capaz de dar respuesta a un incidente de este tipo –que no es al primera vez que ocurre–, sino también cuáles son las consecuencias que se desencadenan cuando lo público cede su espacio a lo privado sin la suficiente reserva de garantías.

Repasemos lo sucedido: a las cinco menos cuarto un camión derrumbó una pasarela peatonal en la autovía a la altura de Calahonda. La Guardia Civil comenzó a desviar el tráfico hacia la autopista de peaje, pero el paso no quedó completamente liberado hasta las nueve menos diez de la noche. Cuatro horas de infierno. Miles de conductores atrapados, aviones y trenes perdidos, la imagen de la Costa del Sol revolcada por los suelos y la doble fortuna de que no hubiese una ambulancia con un enfermo grave en medio del atasco y de que la paciencia y el civismo se hayan impuesto a pesar del calor sofocante y del clamoroso desprecio al personal del que hicieron gala Fomento y la empresa concesionaria. En medio, el juego del teléfono: Tráfico le informa de la situación a la Subdegelación del Gobierno y la Subdelegación del Gobierno se lo comunica a Fomento. Fomento reconoce que se lo comunica a los gestores de la autopista dos horas después, y los gestores de la autopista dicen que no fueron dos horas después, sino tres horas después. Y que las barreras sólo se levantaron cuando llegó un fax de Fomento. No un sms, no un correo electrónico, no una llamada telefónica. Un fax. Hay explicaciones que sería mejor no escuchar.

Es que en el fondo da igual que fueran dos o tres horas después cuando lo importante es que a esta altura del siglo el sistema establecido para liberar el peaje sea de hace dos décadas. Y más aún, que dependa de un fax en lugar de depender del volumen del atasco formado. La concesión a empresas privadas de la gestión de servicios públicos debería hacerse, si se hace, con las limitaciones que marca el sentido común. No parece que éste sea el caso.
Quienes se obstinan en el optimismo podrían pensar que el infierno sufrido servirá para que la próxima vez haya soluciones. Posiblemente no estamos en esa situación.
No es esta la primera vez que sucede algo así. El pasado puente de la Constitución un camión volcó a la altura de la Cala de Mijas y causó atascos de 20 kilómetros. La situación no fue peor que la de esta semana. Pero es que hace menos de cinco años, en diciembre de 2003, el mismo paso peatonal que se derrumbó el lunes pasado sufrió un incidente idéntico. También fue idéntico el caos de tráfico formado. ¿Por qué pensar que va a ser diferente la próxima vez? ¿Se va a acabar algún día con la fragilidad de las comunicaciones en una zona en la que viven más de un millón de personas y a la que una y otra vez se la define desde los estamentos públicos como ‘el motor económico de Andalucía’?

La misma fragilidad que año tras año demuestran las playas. Esta semana pudo verse la ridícula estampa del barco draga echando arena a doscientos metros de la costa, donde yacían sin esparcirse los montículos de material depositados por los camiones. Todo en mitad de julio, bien entrada la temporada de verano. Desde la Junta han asegurado que estudian expedientar a la empresa propietaria del barco por incumplir el contrato al no haber respetado los plazos de ejecución y haber vertido arena al mar. En muchos lugares del planeta (aquí también) derrochar agua es un crimen. Pero es que en Marbella tampoco estamos sobrados de arena.

De lo que sí ha estado sobrada la ciudad durante demasiados años es de chorizos. Esta semana se ha conocido el informe definitivo del Tribunal de Cuentas relativo a los años 2002-2006, el periodo final del gilismo. La traca final del saqueo. El informe, más de 200 páginas, 15 anexos, no cuenta nada que, desgraciadamente, no se supiera antes en cuanto a los métodos. Lo que sí da son cifras concretas. 335 millones de euros de deuda acumulados en cuatro años, y 250 millones de euros desviados a través de las sociedades municipales para escapar a cualquier clase de control. Es mucho más fácil destruir que construir. La deuda acumulada en cuatro años, la ciudad deberá arrastrarla durante mucho tiempo más.