Es un secreto a voces que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia  arrastran dificultades económicas sin cuento. Es una noticia que vemos u oímos un día sí y otro también. Muchos de ellos, están en pie de guerra contrala Administración Autonómica.Sus arcas, que antes recibían los aportes legítimos de permisos de obras y urbanizaciones, ahora, por mor de la crisis financiera y económica, se encuentran si no vacías y exangües  del todo, sí a punto de estarlos o, por lo menos, en estado comatoso.

    Se cierran bibliotecas, van al paro profesoras de guarderías, instalaciones deportivas sin servicios, y  en el peor de los casos calles y aceras sucias  y montones de facturas sin pagar porque el presupuesto no llega para atenderlas puntualmente. A la lamentable situación hay que añadir la agudización del problema deficitario a partir de la inclusión en la discutida ley de recortes de Zapatero en  2010, a saber, la prohibición a los ayuntamientos de  concertar créditos a largo plazo.

   Muchos se han rebelado  y han puesto el grito en el cielo ante la decisión del Ejecutivo de negarles el pan y la sal de los créditos.   Una situación sobrevenida (que habría que contemplar tras la mengua de licencias por obras y la obligación de revertir en las arcas centrales los adelantos recibidos a cuenta),  que consideran con justicia insostenible. Las casas consistoriales, sin que estén obligadas a ello, por ser tareas que competen al ente autónomo, han venido con harta frecuencia sacándole las castañas del fuego a éste. Y se entiende; el ayuntamiento de cada ciudad, de cada pueblo, con las excepciones de rigor (saboteados por alcaldes desaprensivos que lo consideran su cortijo y por ende tienden a exprimirles el mayor montante de ganancias en  beneficio propio o de sus familias o amigos), que están en la mente de todos, se desviven por atender la demanda de la ciudadanía cuando es acuciante la necesidad de remodelar un centro educativo o de salud, pongo por caso.  

  Con este panorama desolador los entes locales se ven obligados a recurrir a sus propios medios, que no son otros sino echar mano a los impuestos: subidas del IBI y del impuesto de circulación, por ejemplo. Medidas coercitivas que no dejan de ser ingratas, las cuales al final se revuelven contra quienes las decretan, haciéndoles pagar sus loables intenciones – al fin de cuentas lo que se aspira es a mantener una aceptable línea de servicios –  en las urnas. Las alcaldías necesitan un respiro, siquiera sea porque en ellas como sentenció Aristóteles – se refería a las “polis” o pequeñas comunidades – , “reside el gobierno por antonomasia”.