Corren malos tiempos para las Comunidades Autonómicas, en su día un acierto para contrarrestar el poder omnímodo emanado del centralismo político. Pero han cambiado muchos las cosas: hoy más que una solución han llegado a significar una rémora para el Estado.
Tenía que ocurrir: la sangría de caudales que ocasionaron virreyes territoriales sin sentido alguno de la contención y la prudencia, a la larga, produjeron efectos catastróficos. Cadenas de televisión y radio sin mesura – la voz del amo de cada territorio autónomo, provincial y local -, consejeros, empresas subsidiarias, coches oficiales, y ominosos gastos superfluos que no vale la pena enumerar porque yacen en la mente de todos, han abocado a los organismos en cuestión a una situación de ruina que todo indica que puede ser irreversible, hasta el punto que se piensa muy en serio la devolución de algunas competencias a la alta institución social de donde procedieron.
Fracasó el Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma estentórea. Y la solución que se ha acabado por ofrecer- elaborada “ad hoc”para cada Comunidad – no puede ser más contradictoria y casi se podría decir que extravagante. El Instituto de Crédito Oficial (ICO, para los allegados) dependiente del Estado y que se financia con la deuda pública que éste emite, concede préstamos a los entes autonómicos para que estos a vez satisfagan las deudas contraídas con el propio Estado. No deja ser esta cuestión un flagrante contrasentido.
Un enrevesado asunto que dista mucho de ser entendido, como lo son, por otra parte, muchas de las decisiones que este Gobierno en funciones viene adoptando en los últimos meses, en una gestión que por fuerza ha de parecernos desnortada.